La muerte de Camilo Catrillanca ha puesto de manifiesto un conflicto centenario en la Araucanía; el recrudecimiento de los ataques a camiones, incendios a predios, abigeatos y otras formas de violencia se ha transformado en una preocupación constante; a ellos se ha sumado un cuestionado actuar policial y judicial.
Tras estos hechos, se señala a facciones mapuches que reivindican la violencia como camino, por su parte, los afectados reclaman la aplicación de la cuestionada ley antiterrorista, pues se califica a algunos hechos como terroristas. Sin embargo, dicen otros, hoy se está aplicando el eufemismo de “violencia rural” a hechos de connotación violenta pero que provienen de vertientes distintas.
Por eso, para entender una parte del complejo escenario, el reclamo del pueblo mapuche y la llamada violencia rural presento este artículo. Establezco que se hace necesario analizar la historia oficial, pero también revisitarla e incluso reescribirla, incorporando la forma en que el Estado y sociedad chilena ha ido actuando frente a los conflictos territoriales, tanto en el pasado como la actualidad, donde también hay procesos culturales, sociales y económicos involucrados y que son complejos, tanto por la cosmovisión mapuche como por la forma en que la sociedad “huinca” se plantea frente al tema. Allí, creo, se encuentra parte de la solución a un conflicto que lleva más de cien años, no tan solo hay que verlo con una perspectiva legal, sino que política e histórica, validando el diálogo como forma de entendimiento, especialmente con los más radicalizados.
Los inicios del conflicto
Desde mediados del siglo XIX, al Wallmapu, que comprendía parte de los territorios desde el río Bío Bío hasta Valdivia, fueron ingresando poco a poco los chilenos. Comenzaron a instalarse en la llamada “Frontera”, esta penetración en territorio mapuche fue espontánea; incluso los “huincas” compraron a familias mapuches parte de sus tierras. Ello fue antes de la Ocupación de la Araucanía e instalación del Estado chileno al sur del Bío Bío. Durante la Ocupación de la Araucanía entre 1862 y 1883, las tropas chilenas comenzaron a correr la línea de la frontera al sur, tal como era el plan del Estado. Sin embargo, el ejército chileno en su paso fue encontrándose con colonos chilenos o “huincas” instalados en la Araucanía, pero también con una gran cantidad de cuatreros; a éstos se sumaron soldados descolgados de la guerra del Pacífico. De tal forma los colonos extranjeros, colonos chilenos y mapuches iniciaron una difícil convivencia; primero porque los mapuches pierden militarmente sus territorios por la ocupación efectuada por el ejército, y en segundo lugar debido al deficiente trabajo que la Comisión Radicadora realizó en el proceso de medir, dividir y repartir las hijuelas de acuerdo a lo planificado; en oportunidades las tierras entregadas o rematadas permanecían ocupadas o tenían dueños, obviamente ello era un conflicto que podía llegar al enfrentamiento armado o la corrida de cercos o deslindes, la prensa de la época e informes oficiales así lo avalan.
El plan de colonización de Cornelio Saavedra, señalaba que una parte de las tierras sería para los colonos europeos y otra se entregaría a las comunidades mapuches, a éstas se les denomina “reducciones”, legalizadas en Títulos de Merced. El resto iba a remate en hijuelas.
El Far West chileno
A la difícil convivencia en la zona se le denominó el “Far West” chileno. Muchas de estas tierras usurpadas hoy están en manos de las forestales, que suman otro foco de tensión al escenario. Desde la perspectiva legal, éstas compraron tierras para sus cultivos de acuerdo a las últimas leyes vigentes, no considerando los cuerpos legales anteriores, correspondientes a las leyes chilenas del siglo XIX.
Sin duda, los intereses económicos involucrados son muchos, asimismo, esta difícil convivencia ha resultado en actos discriminatorios, de violencia e incluso racismo. Son modos de ver el mundo de manera distinta. Recordemos que la multiculturalidad está presente: la visión europea, mestiza e indígena, como dicen los sociólogos el choque cultural se expresa consciente e inconscientemente. A ello, sumamos que durante la segunda mitad del siglo XIX, la zona fue escenario de una ola de violencia que se materializó en actos de bandidaje, principalmente de abigeos y salteos, que perjudicó el proceso de modernización que impulsó el Estado de Chile en la región.
Parece ser que este proceso histórico del Far West, aún no ha concluido, aún están presentes, como dicen los historiadores, no han periclitado. Si analizamos la situación del llamado conflicto mapuche y el acontecer cotidiano de la “Zona roja”, nos daremos cuenta que estas formas han estado presentes a través del tiempo de manera latente. Los descendientes de colonos defendiendo sus predios, casas, cultivos y maquinarias y, algunas comunidades olvidando las normas de buena vecindad.
La Ocupación de la Araucanía y la criminalidad
La “Ocupación de la Araucanía” implicó el sometimiento y reducción de la población mapuche a manos de las fuerzas del Estado chileno, ello no significó la llegada de la paz a estas tierras, sino por el contrario, se produjo un aumento y recrudecimiento de la criminalidad.
Históricamente observamos que el bandidaje rural, no fue un fenómeno que surgió antes o después de la Ocupación, sino que tenía una larga presencia en la Araucanía, como lo comprueban las noticias de delitos como salteos y robos de animales, ello abunda y llenan muchas páginas de la prensa de la época. Hoy como en el pasado hay crónicas que reiteran este tipo de situaciones: El diario el Colono de Angol, por ejemplo, da cuenta de un salteo ocurrido el día 27 de Diciembre de 1885, alertando sobre la falta de diligencia de las autoridades, La Voz de Traiguén, del 9 de abril de 1890, indica la existencia de 250 salteadores en el camino a Quino que merodeaban en pequeños escuadrones y armados de ricas armas y montados en mejores caballos, se reparten por los caminos vecinales para saltear, asesinar y cometer cuanto crimen se les ocurre; ello obligó a actuar a la policía rural al mando de Trizano, quien actuó implacablemente frente al bandidaje. Si bien, en la actualidad los crímenes, abigeatos y robos en general, no son de la magnitud o envergadura de esos tiempos, conviene observar si estos actores en la actualidad obedecen al mismo perfil de los involucrados en actos de violencia relacionados con las reivindicaciones territoriales; a mi entender no es así, al menos desde el punto de vista histórico.
Estado y superposición de títulos
En el Archivo General de Asuntos Indígenas en Temuco están los documentos que dan cuenta de lo ocurrido en el territorio mapuche durante la Ocupación de la Araucanía desde 1866 hasta 1971, incluso abarca hasta Chiloé. Una vez que concluyó la ocupación militar de la Araucanía, el Estado chileno entregó a los mapuches fundos y parcelas a través de títulos de merced, en virtud de la ley del 4 de diciembre de 1866. Entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos se otorgaron 2.918 títulos de merced con una superficie total de 510 mil hectáreas. La ley especial del 4 de diciembre de 1866 y las siguientes prohibía la venta, hipotecas, subdivisión y traspaso de las tierras indígenas a personas no mapuches, pero muchos predios fueron cedidos, arrendados y finalmente inscritos por chilenos y colonos en los Conservadores de Bienes Raíces que comenzaron a operar en Temuco desde el 1900 en adelante.
En esa superposición de títulos está una de las raíces del conflicto por la reivindicación de las tierras mapuches que perdura hasta hoy. Existen hechos que desde el punto de vista actual son inverosímiles, por ejemplo, en los documentos se observan arriendos de tierras indígenas por 99 años por las que se pagó un peso, e incluso existe una cesión de 56 hectáreas a cambio de 80 pollos.
El Estado ha manifestado históricamente debilidades; por ejemplo, para los colonos europeos se dividió la tierra para ser entregadas a diversas familias. Luego de la Guerra Civil de 1891 el Estado dejó la misión de traer colonos y repartir las tierras a las Compañías o Sociedades Explotadoras de Colonización, entes que adquirieron terrenos ocupados por familias mapuche o chilenos, asentados por años en esos predios; todo gracias al desorden que existía en el proceso de división del territorio por parte del Estado, las familias europeas quedaron a la suerte de la codicia de estas sociedades, éstos sin hablar español debieron instalarse en tierras donde ya vivían colonos chilenos o comunidades mapuche hace años. Todo avalado por la ineficiencia de un Estado que, a pocos años de la Ocupación, dejó a la Araucanía desprotegida con una burocracia no resolutiva, dando origen a conflictos que duran hasta el día de hoy.
Necesidad de un Estado proactivo
En 1978, en pleno gobierno militar, se dictó una ley que dio fin a las categorías impulsadas por Allende de “tierras indígenas”, traspasando los terrenos recuperados a dominios privados. Con el retorno a la democracia el conflicto mapuche vio una posibilidad de resolución en la Ley Indígena de 1993 y en la creación de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi). Pero ambas iniciativas no prosperaron ya que la devolución de tierras no formaba parte de las promesas. Esto radicalizó la lucha mapuche. A fines de los años 90 surge el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Arauco-Malleco, organizaciones políticas de activismo indígena.
En la actualidad es necesario abordar la temática de manera política, a través de una institucionalidad más acorde a los diversos intereses en juego, sin duda, tampoco el paternalismo estatal o la represión armada sea la forma. Lo que queda claro es la falta de liderazgo en la resolución o regulación del problema por parte de los implicados, siendo principalmente relevante el accionar de un aparato estatal proactivo, entendido como un ejecutivo con políticas coherentes y resolutivas, un legislativo generando cuerpos legales que recojan las aspiraciones y demandas de los involucrados y un poder judicial aplicando eficazmente los cuerpos legales, auxiliado por los entes policiales eficientemente.
Claramente existen acciones en lugares puntuales que podrían calificarse de terrorismo, pero hay otros casos en los que se trata de delitos comunes, como robos y asaltos. La gestión de los gobiernos en el presente siglo XXI en esta materia, no se ha focalizado en lo que corresponde desde el punto de vista legal, pues no se ha formulado una ley apropiada para los casos de violencia en La Araucanía, lo cual ha calificado solo como una “violencia política”. Las normas del terrorismo son severas y para este tipo de actos parecen desproporcionadas en democracia. Estas son tareas que los políticos deben desarrollar, la resolución excederá la figura de un gobierno; son procesos históricos de larga data y por lo tanto, requiere un cambio político, institucional, cultural y social que van más allá de un período de gobierno o parlamentario. 
Por Luis Igor Antías
Historiador
