En noviembre de 1980, en plena Dictadura Cívico-Militar y entrando a la década de las grandes privatizaciones en Chile, José Piñera atacó nuevamente a la clase trabajadora, creando las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP, instituciones que se convirtieron en un negocio redondo para la clase empresarial y que hoy en día están totalmente ilegitimadas.
En la década del 80’, en plena Dictadura Cívico-Militar y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, y con esto, el terreno propicio para que la clase empresarial y sus políticos convirtieran todo derecho fundamental en un negocio redondo. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad al momento de jubilar, pasaron a transformarse en millonarias ganancias que definitivamente no benefician a las familias trabajadoras: las AFP.
Corría el mes de noviembre de 1980 cuando José Piñera, creador también del anti-obrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.
Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, lo cual no rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen sistemas de pensiones y cotizaciones en base a la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
La metodología para robar toda una vida de trabajo
¿Cómo es el funcionamiento de las AFP? Cada vez que los trabajadores llegan a su décimo día del mes, el 10% de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente, es decir, alrededor de $30.000 aproximadamente (tomando como base el salario mínimo establecido) pasan a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo. Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, que reciben la suma de US$41.500 millones.
Pero, eso no es todo. Las AFP no sólo ‘administran’ el dinero de miles, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. En palabras del economista Gonzalo Durán “las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos, prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25% (…) Un negocio redondo. El 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del sueldo mínimo”.
Según el investigador Marcos Kremerman “el 90% de los pensionados con pensión programada recibe pensiones inferiores a $144.000”, mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de $1 millón. En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% recibe menos de $147 mil, mientras que el 87% de los hombres gana dicho monto.
Esta brutal realidad afecta a la mayoría de la población trabajadora, la que gana un mísero salario mínimo de $300 mil, en un contexto de profundo cuestionamiento hacia las instituciones del régimen político y la clase empresarial. Al mismo tiempo que por los medios de comunicación se ve cómo políticos de derecha y empresarios son encontrados culpables de fraudes, corrupción y robos.
