Con la misma medida cautelar quedó el candidato a alcalde de Chila Vamos por la comuna de Talca, Juan Carlos Diaz y el jefe de emergencia del municipio Juan Valdebenito.
#Talca con arraigo nacional quedaron el alcalde de Talca, Juan Castro, independiente pro Chile Vamos; el candidato del bloque a sucederlo,Juan Carlos Díaz; y el jefe de emergencia del municipio, Juan Valdebenito, quienes fueron formalizados por un delito de cohecho y cuatro delitos de negociación incompatible.
La indagatoria data de marzo de 2015 y acumula ocho tomos, y a Castro se le acusa de actuar en su calidad de alcalde al mantener la contratación privada de arriendo con la empresa CTS Limitada, encargada del aseo municipal, beneficiándola con el no pago de patentes.
«Estamos abiertos a mostrar todos los antecedentes siempre, las empresas mías están disponibles a que sean revisadas las veces estimen conveniente, pero me habría gustado mucho que ese plazo sea menor porque es bueno que la opinión pública sepa este tema con anticipación y no dilatar la verdad de los hechos», dijo Juan Castro.
Según el fiscal Héctor de la Fuenteaún están pendientes diligencias de peritajes contables, contrastes de declaraciones y toma de testimonios a terceros.
«Un determinado negocio que aparece aparentemente lícito e inocente y que está amparado o cubierto por otra serie de actuaciones que es necesario traer a la luz pública para que el Ministerio Público pueda exponerlo ante el Tribunal y venir a demostrar como ese negocio que aparentemente tiene carácter de lícito está teñido por una serie de irregularidades», dijo el persecutor.
A su vez, el el abogado querellanteFernando Leal manifestó que «sabemos hoy día que Juan Castro recibía plata de CTS, cuestión que pese a que ellos han dicho que han colaborado no es tal, toda vez que él incluso cuando declaró en calidad de imputado en el mes de julio de este año partió negando de que alguna vez alguna de sus empresas hubiese recibido dinero de CTS».
«Sin embargo en la declaración tuvo que terminar reconociendo ante la evidencia mostrada por la Fiscalía que él recibía pagos por parte de CTS a través de su empresa Santa Malva»,añadió el querellante.
En la audiencia las respectivas defensas insistieron en que se fijasen dos meses de plazo de investigación, no obstante el juez Víctor Rojas ponderó los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el sentido de que está pendiente un peritaje contable y toma de declaraciones entre los imputados y con terceros, por lo cual decretó seis meses de investigación.
En el frontis del tribunal tanto partidarios como opositores a los imputados exhibieron pancartas y manifestándose ruidosamente, pero fueron dispersados por contingente policial.
