Hospitales deberán priorizar las atenciones de urgencia, las oncológicas y las prestaciones para niños del Sename. 
Mientras los funcionarios en paro protestaban por el centro de Santiago y en regiones pidiendo retomar la negociación con el Ejecutivo para lograr un reajuste al sector público, el Gobierno anunciaba que se decretaba alerta sanitaria en tres regiones para hacer frente a los efectos que ha tenido la medida de presión.
Hoy se cumplen 14 días de movilización, y entre las consecuencias que esta ha tenido, además de los miles de trámites en distintas oficinas fiscales que no se están pudiendo realizar, está la suspensión de más de 18 mil consultas con especialistas y 5 mil cirugías en hospitales; la casi nula atención de pacientes en consultorios y miles de toneladas de basura que no se pueden recoger en comunas donde el servicio de recolección depende de los municipios.
Los lugares más afectados son las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Por lo mismo, es sobre estas que se decretó la alerta. La acumulación de desperdicios también complica en Arica, pero allí ya rige la medida desde que en abril se detectó el mosquito capaz de transmitir el virus de Zika y el dengue.
Con la alerta se busca resguardar dos ámbitos: que los pacientes reciban las atenciones que necesiten en los establecimientos con trabajadores movilizados y favorecer el retiro de basura antes de que se formen focos infecciosos.
Para ello, se permite contratar trabajadores o ex funcionarios acogidos a retiro y facilitar su traslado para que acudan a los lugares con mayor adhesión al paro. En los consultorios, además, se faculta a contratar estudiantes de Medicina desde el sexto año de carrera y de Enfermería y Kinesiología desde el séptimo semestre. También se posibilita obtener servicios que refuercen el retiro de basura en Santiago.
Además, la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó que las prioridades en los centros asistenciales sean las atenciones de urgencia, las oncológicas, las prestaciones incluidas en el Plan AUGE y el control de niños y adolescentes del Sename.
«Ojalá se deponga el paro, porque estamos viendo que lamentablemente esto está afectando a la gente que más nos necesita», dijo ayer la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Pero Esteban Maturana, presidente de los trabajadores de consultorios y vocero de la mesa del sector público, sostuvo que «la responsabilidad de lo que está ocurriendo es del Gobierno, que insiste en no darnos ninguna respuesta. Aquí los trabajadores no nos vamos a ir para la casa con nada».
El dirigente señaló que «lo que se está viviendo es un recrudecimiento de la movilización, y va a seguir una escalada. Se incorporaron los fiscales, los jueces, y el Colegio Médico orientó a sus capítulos hospitalarios a respaldarnos. Va a llegar un minuto en que el Gobierno se va a ver obligado a respondernos, y mientras más se demore, peor para el país».
De todas maneras, a través de un instructivo del 4 de noviembre, los ministerios de Interior y Hacienda instruyeron a los jefes de servicios públicos preparar un plan de contingencia y un sistema de control de las ausencias injustificadas de los funcionarios, «para los efectos de aplicar descuentos por los días u horas no trabajadas». Ese sistema -dice el documento- debe considerar la forma de identificar a quienes hayan registrado su asistencia en los lugares de trabajo estando en paro.
En tanto, el Colegio Médico analizó ayer el escenario. La presidenta del Regional Santiago del gremio, Izkia Siches, afirmó: «Lo que hemos discutido es que apoyamos las demandas de los trabajadores públicos. Y nos guste o no la idea del paro, la atención de salud no está funcionando de manera normal. No es una idea que nos guste, y por eso llamamos a una pronta solución al conflicto. Hay mucha molestia por la forma en que el Gobierno ha enfrentado esto».
Descuentos
El Gobierno instruyó a los servicios públicos descontar de los sueldos de los trabajadores los días de paro.
