La Corte Suprema sentenció al Servicio de Evaluación Ambiental (SAE) a abrir un proceso de invalidación contra la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, aduciendo que dicho organismo incurrió en vicios administrativos para aprobarlo.
La solicitud de invalidación había sido presentada ante el máximo tribunal por la ONG FIMA, argumentando que existían contrapartes en la ejecución del proyecto que no fueron consideradas en el proceso de evaluación, razón por la cual el SAE deberá pronunciarse sobre su cuestionado proceder.
Según explicó el Coordinador de Litigios de ONG FIMA, Diego Lillo, la Corte Suprema está sentando jurisprudencia respecto del actuar de los tribunales ambientales y legitimando las acciones que las contrapartes presentan ante dichos organismos.
De acuerdo a la ONG, este fallo concede una nueva oportunidad para los defensores del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, sentando un precedente para la jurisprudencia ambiental al garantizar acceso a la justicia a las demandas ciudadanas en materias ecológicas.
“Estamos felices, porque por un lado, vemos más posibilidades de que este proyecto que desde el principio ha estado mal planteado y peor evaluado no se haga; y por otra porque se está asegurando un mayor nivel de certeza frente a la justicia para la ciudadanía”, sentenció Lillo luego de conocido el fallo de la Corte Suprema.
Recordemos que el Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, fue calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente en enero de 2011, aprobando la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie, con una potencia total instalada de 135 MW, y una línea eléctrica de 66 kv.
Desde un inicio del proceso de evaluación del proyecto, los opositores a la construcción de la central denunciaron la existencia de anomalías administrativas, pues no fueron consideradas las observaciones ciudadanas durante las sesiones de calificación.
Entre los antecedentes presentados por los detractores del proyecto se encontraban informes de la Dirección General de Aguas (DGA) y el Ministerio del Medio Ambiente, indicando que existían importantes inconsistencias en la planificación de las obras, como la falta de caudal ecológico y que la hidroeléctrica se levantaría al interior de una zona protegida como lo es un Santuario de la Naturaleza.
