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lunes, julio 15, 2024
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Juan Castro Prieto… El Candidato Procesado (I Parte)

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Cohecho, soborno, fraude al Fisco, negociación incompatible, violación de medidas cautelares y discriminación arbitraria: Los antecedentes no fueron sacados de una crónica policial, sino del vergonzoso historial político del candidato a Senador.20160825_084808 (1)

Cualquier ciudadano común (como usted o como nosotros) que hubiese sido imputado de tales delitos, seguramente ya hubiese estado privado de libertad, como medida preventiva. No obstante, como el aludido se transformó en un connotado dirigente político regional y un gran operador de su coalición, no sólo se mantiene libre e incólume, sino también “premiado” con una candidatura a la Cámara Alta.

Lo preocupante es que, este “candidato imputado” no se le acusó de dichos delitos en una ocasión ni dos, sino en varias, por lo que –aunque parezca fuerte sentenciarlo- más que referencias políticas, Castro debería exhibir al electorado, un vergonzoso prontuario judicial.

Claro que, más vergonzoso aún es que nuestro sistema electoral no impida que personas formalizadas por la justicia opten a cargos de representación popular. Bien lo sabe el ex alcalde de Talca, quien habiendo sido acusado de todos los delitos señalados y teniendo aún procesos abiertos en su contra, fue confirmado y apoyado por Chile Vamos como candidato a senador.

Lo hicieron sabiendo que Castro, horas antes de su proclamación, había sumado a su vergonzoso prontuario, una condena por discriminación arbitraria al infringir gravemente la Ley Zamudio y reconociendo que el Ministerio Público aún lo mantiene como imputado por Fraude al Fisco.

Como decíamos al inicio, Juan Castro no sólo fue acusado de algunos de estos delitos una ni dos veces, sino varias. Tanto así que el Ministerio Público tuvo que solicitar innúmeras audiencias de formalización contra el ex edil talquino, pues se le habían imputado cargos por malversación de fondos públicos y otros tantos por negociación incompatible, lea bien, en grado reiterado… Sí, reiterado.

La Fiscalía asegura que el primer delito imputado lo cometió en abril de 2011, cuando siendo alcalde de Talca, Castro viajó a Europa acompañado por su Jefe de Gabinete y el entonces asesor jurídico de la Municipalidad, Walter Barramuño, quien actualmente es Juez de Policía Local… (Saque sus conclusiones, sobre el último punto).

El viaje, planificado –supuestamente- por la Cámara de Comercio de España, comprendía inicialmente una visita a la península ibérica. No obstante, Castro amplió su estadía asegurando que había recibido una nueva invitación para trasladarse unos días a Francia e Italia.

Según el edil, la extensión del viaje se debió a que participaría en algunas actividades oficiales, argumento que fue desestimado por la Fiscalía quien demostró que dichas invitaciones eran falsas y que no existía comisión de servicio alguno.

Lo que sí quedó al descubierto en la investigación, era que Castro se había reunido y acompañado en Europa por un alto ejecutivo de la empresa Urbana Chile S.A, compañía que posterior al viaje participó en la licitación para adjudicarse el servicio de aseo de las calles de Talca.

Era que no, la compañía se adjudicó la licitación, aunque a través de una subsidiaria… La empresa de Transportes CTS, ambas de propiedad de Christian Tizza.

Las indagaciones también revelaron que durante los 11 días que pasaron en Europa, Castro y sus cercanos gastaron más de 5 millones de pesos en viáticos. No obstante, no se logró establecer -en el momento- quién había pagado realmente los pasajes aéreos.

Y es que, créalo o no, dichos antecedentes se encontraban en algunos correos electrónicos que, misteriosamente, desaparecieron del computador de la secretaria de Juan Castro. Así lo corroboró el mismo Laboratorio de Criminalística de la PDI y hasta las Oficinas de Google en Estados Unidos, a quienes se les pidió rastrear los archivos digitales.

Por cierto, es importante aclarar que los nexos entre Tizza y Castro se remontan a una fecha anterior a que se suscribiera el millonario contrato de Licitación para el retiro de la basura en Talca. Ello porque el ex alcalde había sido invitado por el mismo empresario para realizar otro viaje –con todos los gastos pagados- a Córdoba, Argentina.

Tiempo después el Municipio aprobó la contratación de CTS para efectuar el servicio de barrido de calles, por un monto de 42.483.000 pesos.

Pues bien. En esta misma audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía presentó antecedentes de un segundo delito, que involucra nuevamente a Castro y a Tizza. Esta vez es por la solicitud que este último, dueño de CTS, hizo a Indema Limitada y Santa Malva, para que construyeran un galpón en nuestra ciudad… Sí, aquí en Linares.

¿Dónde estaba el ilícito? En que Indema y Santa Malva eran empresas de propiedad del propio Castro, su esposa y sus hijos. Sólo para condimentar este antecedentes, señalar que dichas empresas también estaban realizando trabajos de mobiliario urbano en Talca, según consta en la investigación.

Si cree que eso es todo, se equivoca. El Fiscal que sustancia la causa sentenció que, una año después de efectuado el millonario contrato entre la Municipalidad y CTS, Castro volvió a firmar tres decretos municipales reajustando y ampliando los contratos que ejecutaba dicha empresa.

Las pesquisas de la Fiscalía pronto revelarían otro “negocio” entre Tizza y el alcalde Castro, que se efectuó en medio de los contratos mencionados. Este tiene relación con el arriendo que CTS realizó a Santa Malva de una de sus bodegas por una suma de 500.000 pesos mensuales. Ya sabe usted que la última empresa era de propiedad del ex edil y actual candidato al Senado, así que saque, otra vez, sus conclusiones.

Por cierto, en dichos ilícitos Castro no actuó sólo. Junto a él lo hicieron su administrador municipal y actual alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz y el que fuese su Jefe de Gabinete, Juan Valdebenito, los que –según la investigación- compraron dos terrenos adjuntos en la población El Mirador (en la capital maulina), por un monto individual de 12 millones de pesos.

El expediente agrega que ambos firmaron una promesa de compraventa con Urbana Chile S.A., recibiendo un millonario adelanto. No obstante, los terrenos fueron subarrendados por Urbana a CTS, teniendo ambas empresas a Christian Tizza como el mismo representante legal.

En mayo del 2014 Urbana Chile S.A. concretó la compra de los terrenos por 35 millones de pesos cada uno, es decir, el triple del valor original… ¡Negocio redondo!

Sobre esta acción comercial, la Fiscalía sostuvo que, durante el periodo comprendido entre la promesa y posterior compra de los terrenos, Juan Carlos Díaz firmó decretos como alcalde subrogante que regularon la prestación de servicios entre la empresa CTS y el municipio.

El Ministerio Público también reveló que CTS sólo pagó su primera patente municipal durante el año 2014, por lo que –de acuerdo a las indagaciones- Díaz y Valdebenito habrían aceptado un beneficio económico avaluado en 72 millones de pesos en el negocio de los terrenos con CTS y Urbana Limitada.

Hay un hecho que no podemos pasar por alto y tiene relación con estos procesos judiciales. Importante, porque revelan los niveles de desconsideración que parece tener Castro con la justicia.

El episodio da cuenta que a fines del 2016, el hoy candidato a senador, quebrantó la medida cautelar que pesaba en su contra, justamente por la acusación de cohecho.

Recordemos que producto de la imputación, el ex edil se encontraba con arraigo nacional –es decir, con prohibición de salir al extranjero- por lo que solicitó un permiso especial al Juzgado de Garantía de Talca para viajar a Colombia.

Castro volvió a Chile, pero sin cumplir con el plazo de retorno establecido por los tribunales, razón por la que fue detenido en el Aeropuerto de Santiago por efectivos del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI.
Tras proporcionar los antecedentes de la aprehensión a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la justicia dejó a Castro en libertad, aunque bajo apercibimiento legal; mientras que la PDI informó de la detención y quebrantamiento de las medidas precautorias al Juzgado de Garantía de Talca.

Castro y la Homofobia

El hoy candidato a Senador de Chile Vamos, a quien algunos cercanos en Talca consideran “Patrón de Fundo”, era recurrentemente cuestionado por los funcionarios de su municipio, dado el trato despectivo y arrogante que tenía con muchos de ellos. Tanto así que, aseguran, respondía con frases de grueso calibre cada vez que alguien le enrostraba los ilícitos negocios que investigaba la Fiscalía.

Esa altanería, de la que dan cuenta los funcionarios municipales de Talca, queda fielmente reflejada en un fallo condenatorio –inédito en nuestra historia judicial- que responsabiliza a Castro por el delito de discriminación arbitraria en el despido del ex director comunal de Salud de Talca, Hernando Durán.

La sentencia, dictada por el Cuarto Juzgado de Letras de la capital maulina, condenó prácticas y hechos sancionados en la denominada Ley Zamudio, pues en 2015 el ex edil removió a Durán por su orientación sexual, incluso revelando –sin escrúpulos ni tino- detalles de su carácter e intimidad, a través de los medios de comunicación.

Cabe señalar que, mientras se tramitaba la demanda por discriminación, Castro intentó abrir un sumario contra Durán para despedirlo vía administrativa. Como el proceso era inviable, el ex edil intentó reevaluar su capacidad técnica, trámite que también fracasó, ya que el profesional de la salud registraba excelentes resultados en su cometido.

La tozudez de Castro fue tal, que no se quedó tranquilo e incluso anuló el concurso público a través del cual, su propio municipio, había nombrado a Durán en el cargo de la Dirección de Salud.

Por cierto, este fallo condenatorio tenía un importante precedente, donde nuevamente se había responsabilizado y condenado a Castro por discriminación, aunque esta vez hubo una persecución tildada de “homofóbica” por los funcionarios que la sufrieron.

Según consta en el expediente de este otro episodio, Castro hizo un seguimiento a varios profesionales y técnicos, simplemente por su orientación sexual. Hubo un particular hostigamiento contra tres funcionarios de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talca.

El acoso de Castro llegó a tales niveles de intolerancia que uno de los profesionales desafectados señaló que «los comentarios en todos los centros de salud y dentro de la municipalidad, eran impresionantes. Desde que estábamos dentro de redes de narcotráfico o pedofilia, que habían videos ocultos… y nunca nada se pudo comprobar por parte del municipio. Solamente fue una tozudez del alcalde de no querer más funcionarios de una tendencia sexual diferente a la de él».

Tras efectuarse una investigación, el Tribunal del Trabajo de Talca condenó a la Municipalidad al pago de una indemnización de alrededor de 30 millones de pesos a dividir entre los tres denunciantes, a la vez que se determinó que los funcionarios del Municipio deberían realizar una capacitación sobre derecho laboral.

El Estándar Ético

Resulta llamativo que, a pesar de las innumerables pruebas presentadas por la Fiscalía contra Juan Castro Prieto, su partido, su coalición y muchos maulinos insistieran en levantarlo como candidato senatorial.

Al menos grotesco, porque la mayoría no defiende su inocencia, sino su inimputabilidad. Y es que saben bien que varios de los cargos presentados por el Ministerio Público fueron sobreseídos, aunque no porque Castro no fuese responsable, sino porque las penas estaban prescritas. Tanto así que el Ministerio Público ha solicitado reformalizarlo.

De ahí que nos preguntamos. ¿Basta sólo con que Juan Castro no tenga (aún) condena por delito alguno, para que legitimemos su candidatura? ¿Cuál es el “estándar ético” o los preceptos de idoneidad, a través del cuales, su coalición define sus representantes al Congreso Nacional?

Importante reflexión que surgió, justamente, en la columna pasada donde entregamos antecedentes de los negocios en los que estaba o estuvo involucrada la también candidata Ximena Rincón, y que –a nuestro juicio- la restringían para representar a nuestra región en el Senado.

Y es que si bien, la blonda figura de la DC no ha cometido delito alguno, varios de sus actos y hasta omisiones jugaron a favor de sus intereses y no los del electorado. Incluso, en varios de ellos, la ciudadanía se vio afectada gravemente (Participación en el directorio de una AFP y sus gestiones en favor de algunas hidroeléctricas, entre otras). Razón más que suficiente como para excluirla de nuestro universo de opciones electorales.

Castro, hasta el momento, tampoco ha sido condenado… aunque, aún hay un proceso abierto en su contra. No obstante, las investigaciones han dado cuenta que cometió “reiteradamente” diversos delitos, muchos de ellos burlando la fe pública y, peor aún, sacando provecho personal de su cargo.

Conocidos los hechos, le preguntamos a nuestros lectores. ¿Da garantías Juan Castro que estando en el Senado, no aprovechará su posición para nuevamente hacer negocios a espalda de su electorado?

Creemos que no es necesario que tengamos que revelar «todos los negocios» que se le imputan al ex edil de Talca para que usted tenga una respuesta certera. Recordemos que a Castro también se le acusa de haber adjudicado a una influyente empresa constructora la reconstrucción de la capital maulina a consecuencia del terremoto que nos afectó el 2010.

Pero, eso quedará para la segunda parte; capítulo donde también abordaremos como Castro habría intentado negociar con algunos grupos empresariales algunas apetecidos terrenos municipales y otros de particulares, como las Escuelas Concentradas y el Mercado.

Y, era que no, también entregaremos antecedentes de la red de contactos, negocios e influencias que Castro tiene en diversos municipios maulinos, incluyendo el nuestro… Sí, el nuestro.

©Linares En Línea

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