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Nueva constitución: apertura al chile del siglo XXI, Por Luis Igor Antías Historiador

Chile aprobó dar termino a la “Constitución de 1980” junto a sus sucesivas reformas, abriendo el camino para redactar una nueva carta magna, signo de inicio de un nuevo proceso histórico.

En los próximos meses el proceso constituyente será relevante para la expresión ciudadana, que se evidenció con fuerza en el denominado estallido social. En este artículo se entrega una visión del proceso histórico que se termina y da inicio a otro, que no solo es una respuesta a las demandas sociales, sino que también es la generación de las bases del Chile del siglo XXI.

LA DEMANDA SOCIAL EXIGE UN CAMBIO

El Plebiscito del 25 de octubre de 2020 dio la posibilidad a cada elector de “aprobar” o “rechazar” la redacción de una Nueva Constitución, además del órgano que debe redactar la misma al haber ganado el “apruebo”, ya que en 341 comunas de las 346, triunfó el apruebo. En las 20 comunas de mayor apoyo al apruebo, el porcentaje se situó sobre el 20%. El rechazo se impuso en cinco comunas de clase media alta como Las Condes y otras del sector alto de Santiago, además de Colchane y la Antártica.

Este plebiscito en Chile fue la mayor presencia en las urnas desde que se instauró el voto voluntario el año 2012. Sin duda, el manejo de la pandemia del Coronavirus por parte del gobierno y las diversas demandas sociales influyeron en el resultado. A ello sumamos la desconfianza hacia los sectores políticos, porque además de votar por el “apruebo” o “rechazo” por una nueva constitución, consultaba a los ciudadanos sobre el modo que se bebía crear la nueva constitución si triunfaba la opción apruebo: por una Convención Mixta (21,01 %) constituida por una mitad de parlamentarios actuales y, otra mitad, por ciudadanos electos o bien por una Convención Constitucional (78,99 %) donde todos los integrantes pueden ser elegidos por el voto popular, garantizando la paridad de género. Esta última opción triunfó, la que era defendida por movimientos y organizaciones sociales, imponiéndose con el casi 80% de los votos. En el análisis, el resultado no solo es electoral, sino cultural, es la expresión de sentimientos, creencias y propuestas de una ciudadanía que cambia su visión y está dispuesta a generar y exigir cambios políticos, sociales, económicos y culturales. No es una vuelta al año 73 o el querer parecerse a países bajo gobiernos ideologizados con líderes de antiguas formas del siglo pasado.

Si bien, durante los últimos 30 años bajo la Constitución de 1980, el país logró tener la mayor renta per cápita de América latina y mejorar diversos indicadores sociales, ello no generó el estado de bienestar prometido para una amplia mayoría de chilenos. La Concertación gobernó con las políticas instauradas por el régimen anterior con privatizaciones del agua potable, puertos, carreteras; concesiones de cárceles y hospitales; fijó aranceles y negoció tratados internacionales; es decir, se profundizó el modelo y se ofreció la posibilidad de “ser un país desarrollado”, pese a los signos de corrupción, sobresueldos a servidores públicos, condonaciones y perdonazos tributarios a grandes empresas, uso de información privilegiada y conflictos de interés, negocios con intereses usureros, los chilenos soportaron esas prácticas. Es ahí donde sobrevino el cambio cultural, surge una sociedad que no ampara la discriminación por género u origen, cuestiona a sus líderes y se expresa masivamente a través de las redes sociales frente a estas prácticas, impulsando medios de comunicación alternativos a los medios de comunicación controlados por las élites o grupos de influencia económicos. Los chilenos prefieren vivir modestamente, pero con menos desigualdad.

Pero, para entender el rechazo a la Constitución de 1980, basta con observar su origen y sobre todo su contenido, redactado bajo dictadura, aunque se aprobó por un plebiscito, este carecía de legitimidad debido al contexto. Se convocó a la ciudadanía a ratificar o rechazar la nueva Constitución, cuyo texto ya estaba aprobado previamente, redactado por un reducido grupo conservador de la élite chilena, liberal en lo económico y defensora del gobierno y por la Junta Militar. El plebiscito fue ampliamente denunciado por sus vicios e irregularidades. En 1989, llegó el fin de la dictadura, quedando instalada la constitución.

La Constitución de 1980 fue reformada 31 veces bajo los gobiernos democráticos, siendo las más relevantes las reformas de 1989 y 2005. Todas las modificaciones necesarias en su momento establecieron criterios básicos bajo un gobierno con parlamento, se establecieron limitantes a los estados de excepción, se otorgaron mayores facultades legislativas al Congreso, se reguló la organización de las Fuerzas Armadas, se descriminalizó el marxismo con resguardo a las diversas opciones de partidos políticos, se propició el equilibrio institucional con una mayor separación de los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), entre otros.

Sin embargo, los principios de la constitución se mantuvieron. Posteriormente, se realizaron cambios de menor envergadura. Cambiar la constitución como demandaba la mayoría de los chilenos, sin crear una desde cero generó frustración, especialmente entre los jóvenes que no vivieron los tiempos del gobierno militar. Se comenzó a percibir un ordenamiento injusto, con altos niveles de desigualdad que dieron origen a la revolución de los pingüinos y las protestas de 2019. Ello debido a que se establece un tipo de Estado intermediario entre la ciudadanía y las empresas privadas. Por ejemplo, el artículo 1°, inciso 3° indica que el “Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

La mayoría de las Constituciones establecen derechos que el Estado debe garantizar, en el caso chileno el Estado es mediador entre los desacuerdos entre los ciudadanos y el estado. En educación, si se quiere estudiar en la universidad, el Estado promoverá universidades privadas que fijarán el costo de matrícula y valor de las carreras financiadas en su mayoría por créditos bancarios pagaderos en varios años, ésa era la política. El Estado no está obligado a crear universidades públicas ni gratuitas ( Art 19°, inciso 10°). Si se quiere jubilar con una pensión digna el Estado garantizará que existan fondos de pensión privados a los cuales acudir bajo las condiciones que ofrezcan las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) (At. 19°, inciso 18°) generadas por dineros de los trabajadores, conociéndose los montos a recibir solo al momento de jubilar. El Estado no está obligado a garantizar una pensión por los años trabajados a menos que se haya pertenecido a las Fuerzas Armadas y de Orden. Similar situación ocurre con salud, vivienda, transporte, entre otras.

El Estado no está obligado a garantizar el acceso al agua a los habitantes, convirtiendo al país en el único lugar donde el agua es propiedad privada. Según un estudio el 35% de los chilenos se endeudan para cubrir sus gastos básicos de luz y agua. Un mayor porcentaje debe endeudarse para conseguir una vivienda y alimentos. Si se pierde el trabajo, se cae inmediatamente en pobreza.
Todo ello, generó una transformación ciudadana que alcanza su máxima expresión en las diversas protestas ciudadanas.

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE CLAVE PARA LAS TRANSFORMACIONES

La elección de constituyentes el 11 de abril de 2021, la elaboración de la propuesta de carta magna, el plebiscito ratificatorio y la promulgación de la nueva Constitución en 2022, es lo más difícil del devenir por la amplia demanda acumulada desde hace 40 años. Claramente, algunos sectores políticos y económicos indican que hay derechos que son innegociables, sumados a la fragmentación social hacen que el futuro sea complejo, los intelectuales indican que dependiendo de la capacidad de dialogar y acordar, se pueden lograr las transformaciones culturales que llevaran a los cambios anhelados. Por eso, algunos líderes del apruebo señalan que se debe evitar que los antiguos políticos se apropien de la Convención Constitucional, estos se vieron presionados por las demandas ciudadanas, por eso crearon esta instancia para no crear una Asamblea Constituyente Ciudadana. Los políticos generaron un acuerdo para posicionarse políticamente en la Convención. Dependerá del voto ciudadano que ello no ocurra, fue la letra chica que las organizaciones sociales como Asambleas Territoriales aceptaron.

Por lo anterior, los analistas del “apruebo” señalan que “hay que elegir a representantes ciudadanos e independientes, ello se logra llevando a no afiliados en partidos políticos”. Para presentar candidatos independientes se requieren firmas de apoyo a estos candidatos de organizaciones sociales y representantes de base, no sirve la existencia de candidatos independientes en listas de partidos, pues se corre el riesgo de arrastrar a políticos de partidos a la Convención Constitucional. Por tal motivo, se requiere una lista única de ciudadanos independientes, quedando solo hasta el 11 de enero de 2021 la posibilidad de llevar candidatos absolutamente fuera de los partidos políticos, señalan diversas organizaciones territoriales. Solo ello. Contribuirá a generar las bases culturales para los futuros liderazgos políticos, sociales, económicos y culturales para el siglo XXI.

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