Según información proporcionada por el concejal, Gonzalo Espinoza (DC), esto se debe a reiterados informes emanados por Contraloría que develan que la autoridad omitiría licitaciones y realizaría tratos directos para favorecer a ciertos proveedores. Además de ello, el órgano determinó que el concejo municipal debía definir si se recurría al TER para determinar responsabilidad administrativa del alcalde a raíz de una denuncia anónima presentada el año 2019, lo que llevó a que la semana pasada tres de los seis concejales aprobaran recurrir a la instancia, por lo que pretenden solicitar la destitución de la primera autoridad comunal.
Los concejales de la comuna de Retiro; Magaly Moya, Cristian Ramos y Gonzalo Espinoza preparan un escrito para ser presentado ante el Tribunal Electoral Regional (TER), por posible notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa por parte del actual alcalde, Rodrigo Ramírez.
Según la información proporcionada por el concejal, Gonzalo Espinoza (DC), los motivos de esta presentación se remontan al año 2019, cuando de manera anónima se presentó una denuncia ante Contraloría Regional en contra de la primera autoridad comunal por no cumplir con el procedimiento de Compras Públicas respecto a una cena que se realizó a los asistentes de la educación. Además, se argumenta que en esa misma ocasión la autoridad habría hecho intervencionismo político diciéndoles a los funcionarios que iba a subir los sueldos.
“Dentro de esta denuncia se señala que el alcalde habría incumplido con sus deberes funcionarios, como autoridad del servicio, porque habría permitido que el jefe DAEM informara a la Contraloría, que lo que se había hecho era una capacitación para los asistentes de la educación en circunstancias en que el órgano contralor, no pudo comprobar que se haya hecho una capacitación sino que hizo una cena bailable, y están las invitaciones que el alcalde envío, por lo tanto aquí se abandonó los deberes funcionarios porque el alcalde permite que el jefe DAEM mienta”, afirma el concejal.
Espinoza explica que a raíz de esa investigación realizada por Contraloría, en el mes de septiembre del presente año 2023, el organismo envió un oficio a los concejales en el que señala que según el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal en su letra C, el propio concejo debía decidir si los antecedentes se presentan al Tribunal Electoral Regional (TER) para verificar si por estos hechos existe o no responsabilidad administrativa por parte del alcalde.
Por este motivo, el alcalde debía someter a votación del concejo municipal si se recurría o no al TER, sin embargo esto no ocurrió, por lo que el órgano contralor envió un segundo oficio insistiéndole a la autoridad que procediera a realizar la votación, lo que finalmente sucedió la semana pasada.
En la votación, tres de seis concejales; Magaly Moya, Cristian Ramos y el propio Espinoza votaron a favor de recurrir al TER lo que implica que los antecedentes deberán ser remitidos al organismo, puesto que solo se requerían un tercio de los votos.
“Tres concejales aprobamos, hemos hecho una alianza con concejales que son de distintas líneas políticas que eso es muy importante de destacar. Aquí hay un concejal Demócrata Cristiano, que es quien habla, hay un concejal que fue apoyado por la Democracia Cristiana y otra concejala que fue apoyada por la UDI…con la idea de evitar las malas prácticas y la corrupción que está ocurriendo en la municipalidad de Retiro”, afirmó el concejal.
La autoridad comunal, es clara en señalar que en la presentación que se hará ante el TER ellos solicitarán las destitución del alcalde, porque según explica además de estos actos, cuentan con otros informes de Contraloría en los que se reafirma que el municipio no ha respetado la Ley de Compras Públicas, como por ejemplo en el alumbrado público donde se fraccionó la licitación, cuestión que está prohibida.
“La Contraloría en su informe 722 de 2022, señala nuevamente tratos director injustificados, porque el trato directo es una salvedad a la norma, se pueden hacer claro que sí, pero no basta solo con mencionar que se aplica trato directo, sino que hay que adjuntar una resolución fundada que acredite la necesidad de acudir al trato directo. Además de ello, existe un juicio de cuentas por 11 millones 400 mil pesos de gastos que la municipalidad de Retiro no logró acreditar, y por lo tanto en ese juicio de cuenta se señala que el municipio ha puesto en riesgo el patrimonio de las vecinas y vecinos, ya que esos trabajos no se hicieron”, señala el concejal.
El edil agrega que las principales acusaciones apuntan a que se favorece a proveedores determinados de manera injustificada y con montos inferiores a los que la normativa exige, para que el concejo municipal no pueda hacerse cargo aprobando estos contratos. “La contraloría lo dice en muchos informes, que lo que en realidad hace el alcalde es omitir, eludir la propuesta pública”.
“Yo no puedo entender como algún funcionario no va a conocer la normativa vigente para poder realizar compras públicas, como no van saber que si están favoreciendo a proveedores determinados están incumpliendo la ley”, agrega.
“El modo de operar de ellos, es que fraccionan las licitaciones, compran de a poquitos, montos chiquititos para que no sean pasados por el concejo…Lo que tiene que ver también con que no cuentan con un plan anual de compras, si lo hicieran no podrían favorecer a determinados proveedores”, reafirma Espinoza.
Son alrededor de 9 proveedores los que estarían siendo favorecidos con estas compras directas, y según informa el concejal en su mayoría solo le venden a la municipalidad de Retiro. “De hecho uno de estos proveedores es esposo de una de las secretarias del alcalde y ahí también hay un conflicto de intereses no menor”, cerró la autoridad comunal.
