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viernes, mayo 24, 2024
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Deudores de pensiones de alimentos: Séptima Región es la segunda con mayor deuda a nivel país

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El monto adeudado en pesos en la Región del Maule alcanza los $11.580.070.746, correspondientes a 15.660 deudores, 97% de los cuales son hombres. A este monto se suman las deudas en UTM.

El 20 de noviembre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA). A un año del comienzo de su operación, el Registro suma a más de 166.620 deudores (97% hombres y 3% mujeres), con una deuda total acumulada de más de 95 mil millones de pesos.

Seis meses después de la puesta en marcha del Registro, el 20 de mayo de 2023 comenzó a operar el mecanismo de pago efectivo de pensiones, creado por la Ley 21.484 sobre Responsabilidad Parental, presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric Font.

Claudia Morales Courtin, seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región del Maule, destacó el cumplimiento de un año de ejecución del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y seis meses de la ley de pago efectivo de alimentos, e hizo un repaso por las cifras regionales.

“Hoy tenemos 166.000 personas que adeudan pensión de alimentos en el país, de las cuales el 7% es de la Región del Maule. Somos la cuarta región con mayores niveles de personas que adeudan, pero no tan sólo eso, sino que somos la segunda región con mayores niveles de deuda en pesos a nivel país, lo cual es lamentable, porque esta es una deuda con los niños, niñas y adolescentes. Además, el 97% de los deudores son hombres, por lo que esta situación afecta principalmente a la economía de las mujeres, además de no cumplir con el derecho de más de 21 mil niños, niñas y adolescentes de nuestra zona”, afirmó la autoridad regional.

Una institucionalidad en pleno funcionamiento

Seis meses después de la puesta en marcha del Registro, en mayo de 2023, entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Desde entonces, ambas normativas conforman la institucionalidad del Estado chileno destinada a mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos en el país. Mientras el Registro crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, permitiendo el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y, en segundo lugar, en las cuentas de ahorro previsional voluntario.

¿Cómo funciona el Registro de Deudores?

Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. La persona demandante debe solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizado la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.

Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito y puede ser consultado por personas o instituciones que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.

Cabe destacar que, a partir de su implementación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para fiscalizar y sancionar a estos actores, lo que fue aprobado por el Congreso en diciembre de 2022. La Ley dispuso que, a partir de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que fiscaliza.

“Por lo tanto, nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ha trabajado arduamente no tan solo con el Poder Judicial, sino también con el Servicio Impuesto Interno, el sistema financiero y la superintendencia de pensiones. Hoy en día, tenemos pasos a seguir en la ejecución efectiva de pago de pensión de alimentos, está claro de lo que nosotros estamos realizando y sobre todo se ha gestionado recursos para mejorar todo lo que es la fiscalización de pago de pensión en el mercado financiero, nunca más niños, niñas y adolescente estarán solo junto con el 97% de las mujeres que se encuentran a cargo de su cuidado”, concluyo la seremi de la Mujer.

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