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Proceso Constitucional: “La participación del pueblo-ciudadano como deliberante pasó a un segundo plano”

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Historiador plantea que la participación del pueblo-ciudadano en la discusión y elaboración del texto constitucional pasó a segundo plano. Hay visiones y definiciones del siglo XX utilizadas por los constituyentes de espaldas al ideario colectivo de un desarrollo país de cara al siglo XXI.

El historiador y profesor de historia y geografía, Luis Igor Antías, ha escrito sobre la desigualdad, segmentación social e inclusión, conflicto de la Zona Roja de la Araucanía e historia reciente de la educación en Chile, en entrevista con Linares en Línea señala que la propuesta de Constitución, que será sometida a un plebiscito el próximo 17 de diciembre, es una respuesta a un proceso histórico que tiene antecedentes y causas directas e indirectas. En lo más inmediato es el estallido social una de las gatillantes.

¿Esta propuesta constitucional es respuesta al estallido social?

Luis Igor Antias indica que es así, ya que “esto comenzó de manera espontánea a principios de octubre de 2019, con el alza de $30 pesos en la tarifa del transporte público. Ello motivó a cientos de estudiantes de enseñanza media a organizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago. Había un malestar latente en la ciudadanía hacia el sistema económico, ocasionado por los graves abusos de empresas privadas y de servicios públicos, las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, y la mala distribución de los ingresos. A ello se sumaba los procesos sociales imperceptibles para el mundo político y que la intelectualidad e investigadores ya venían observando. Surge un fenómeno de masas con manifestaciones que los medios de comunicación interpretaron desde la ideología que los sustenta sin una cabal comprensión. Aún es muy prematuro dar una explicación desde las ciencias sociales, hay mucho por investigar aún sobre las gatillantes más profundas”.

¿Cuáles fueron las causas principales de este estallido social?

Las causas fueron múltiples, pero se pueden resumir en el descontento con el modelo socioeconómico neoliberal, el alza en el precio del transporte público de Santiago, la desigualdad social y económica y el alto costo de la vida, el abuso de poder y casos de corrupción, y los casos de colusión en bienes de primera necesidad y medicamentos en el país.

El conflicto se origina desde una perspectiva multidimensional, dependiendo de las percepciones subjetivas de los individuos y del conjunto de los distintos grupos sociales, por eso el estallido visibilizó conflictos que sufren la diversidad sexual, de género, étnicos y las desigualdades y falta de calidad en educación. Surge así el sentimiento de querer deliberar, es decir de debatir y acordar formas de organizar, canalizar y resolver el devenir del país, el mandato ciudadano se hace elocuente, como también los avances culturales de la sociedad, con deseos de un nuevo trato y relación con la naturaleza y mundo animal, inclusive.

¿Cómo influyó el estallido social en el proceso constituyente?

Las protestas de octubre de 2019 desencadenaron una crisis política y social en el país, y por consecuencia, figuras de todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo para habilitar un proceso constituyente que abriera los caminos para dar solución a las demandas de la ciudadanía. El estallido social fue un factor clave para la propuesta de creación de una nueva Constitución. Sin embargo, el proceso de redacción de la nueva Carta Magna ha estado salpicado por escándalos y desencuentros políticos. El proceso constituyente es algo no resuelto y, me parece que, la votación del 17 de diciembre, abrirá nuevos escenarios de tensión, que no tan solo son políticas.

¿Las demandas de la ciudadanía expresadas en el estallido social son solo económicas?

Las demandas fueron diversas y abarcaron una amplia gama de temas, como el alto costo de la vida y las consecuencias de vivir con el sueldo mínimo en Chile, el sistema de pensiones actual, cambios profundos en el modelo de salud pública, el costo de los remedios, el endeudamiento estudiantil y la condonación de deudas con créditos como el CAE o Corfo, los derechos de agua, los pueblos originarios y las discriminaciones de género, y los peajes. Precisamente la expectativa es resolver a través de una nueva constitución esas demandas.

La realidad nos dice que es difícil que la constitución resuelva todas las demandas, así queda establecido en las experiencias constitucionales históricas. El deseo de participación, deliberación de la ciudadanía siempre han sido opacadas por las elites políticas y económicas.

¿Cuáles son las expectativas de los ciudadanos chilenos respecto a la propuesta constitucional a votar el 17 diciembre de 2023?

Eso habría que preguntarlo a cada ciudadano, pero según diversas encuestas y análisis, un 64% de los encuestados dice que Chile necesita una nueva Constitución. Sin embargo, un 59% votaría en contra de la propuesta del Consejo. Un 76% señaló que votaría “a favor” si es que el texto propuesto por el Consejo Constitucional “le da estabilidad al país”.

Los historiadores estudiamos el pasado. Se puede, desde el punto de vista de quien observa la realidad nacional, argumentar que, por ejemplo, la propuesta a someterse al escrutinio público no resuelve el problema educacional, como es la segmentación social y la apertura a la inclusión social.

¿Qué ocurre con la educación y la propuesta constitucional?

El actual sistema educativo tiene su origen en las reformas implantadas por el régimen militar de 1980 que significó el traspaso de la educación pública a la administración municipal, permitiendo la competencia de las escuelas municipales y particulares que recibían subvención escolar del estado, además se permitió que privados crearan universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Esta institucionalidad profundizó la segmentación social, característica histórica de la educación chilena. Como profesor, señalo que la propuesta constitucional cambia poco la realidad. Iniciativas destinadas a implementar la equidad, igualdad y calidad educativa; sigue siendo tarea pendiente.

En la actualidad, no existe un gran proyecto educativo país asociado al desarrollo y crecimiento de nuestra economía, que reconozca los cambios sociales y culturales de este siglo. Se profundiza un modelo económico que cierto segmento de la sociedad rechaza.

El mayor acceso a la educación superior ha generado expectativas de movilidad social en los hogares chilenos, y es parte de discurso político situar la educación como centro del desarrollo del país; por eso los resultados del proceso serán muy importantes, no solo para el desarrollo económico y social de Chile sino para la inclusión que tengan las personas respecto del modelo de desarrollo vigente o el que se desea.

¿Qué destaca sobre la propuesta del Consejo Constitucional en materia educacional?

El artículo 16 consagra el «derecho a la educación». Esta tiene por objetivo el pleno desarrollo de una persona en las distintas etapas de su vida, similar a la Constitución de 1980. Se agrega que esto es bajo el contexto «de una sociedad libre y democrática». Además, se reconoce el derecho preferente y deber de los padres y tutores legales sobre la educación de sus hijos o pupilos. En este punto se especifica que consiste en elegir el tipo de educación, su establecimiento de enseñanza y decidir por su interés superior. El Estado deberá proteger el ejercicio de este derecho, pero no lo compromete en torno a definir una nueva estructura, considerando que la educación para este siglo es de carácter continuo y permanente.

La propuesta declara que el Estado tiene varios roles en la educación, como fortalecer y fomentar la mejora de la educación en todos sus niveles, promocionar, regular y supervisar la educación, promover y financiar la educación entre otros aspectos. Sin embargo, no se introduce una definición o acuerdo sobre “qué vamos a entender por calidad educacional”.

Las críticas son diversas. La propuesta de nueva Constitución en lo referente a educación básica y superior presenta solo elementos declarativos, eso es un retroceso, las necesidades del siglo XXI son amplias. La definición de los fines y principios de la educación deben ser amplios con un modelo y proyectos educativos regionales y nacional que apunte al desarrollo y que garantice una educación adecuada en todas sus formas y modalidades, sea como proceso formal e informal.

La norma tampoco consagra principios que permitan orientar la educación, tales como la justicia y la no discriminación, fundamentales para garantizar un verdadero derecho social. El principal avance de esta propuesta es reconocer el deber del Estado en proveer educación pública y financiar sus establecimientos de todos los niveles bajo la figura de estado subsidiario.

El historiador indica que “la propuesta constitucional marcar un hito en la historia de Chile, si es positivo o no, es una incógnita. Pues depende de cómo se gobierna el país y cómo se garantizan los derechos de los ciudadanos. Las disposiciones e implementación de la nueva Constitución en caso de ser aprobada serán relevantes. Sin embargo, es preocupante la forma en que se llega a esta instancia por la legitimidad del proceso, pues la participación del pueblo-ciudadano en la discusión y elaboración del texto constitucional pasó a segundo plano. Hay visiones y definiciones del siglo XX utilizadas por los constituyentes de espaldas al ideario colectivo de un desarrollo país de cara al siglo XXI. Este proceso deja en claro que como educación chilena, tenemos pendiente la formación ciudadana de nuestros compatriotas, con una clase política mejor formada, con instituciones democráticas y sólidas, con medios de comunicación pluralistas y comprometidos con la diversidad de opiniones”, finaliza.

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