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lunes, abril 22, 2024
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Concejales de Retiro presentaron querella ante el Ministerio Público por posible malversación de fondos públicos

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Los concejales Magaly Moya Vallejos, Gonzalo Espinoza Parada y Cristian Ramos Ramos, hicieron la presentación ante el Juzgado de Garantía de Parral por presunta malversación de fondos públicos, potencial fraude al fisco y negociación incompatible vía trato directo. El requerimiento fue acogido por el Tribunal en el mes de noviembre del año 2023, por lo que ahora funcionarios de la PDI efectúan la toma de declaración a testigos.

Los concejales de la comuna de Retiro; Magaly Moya Vallejos, Gonzalo Espinoza Parada y Cristian Ramos Ramos, presentaron una querella contra el alcalde de la misma comuna y aquellos que resulten responsables, por presunta malversación de fondos públicos, potencial fraude al fisco y negociación incompatible vía trato directo.

Según explicó el concejal, Gonzalo Espinoza, luego de una exhaustiva investigación y revisión de documentos decidieron presentar esta acusación que dice relación con tratos directos para instalación de luminarias entre los años 2021-2022, tratos directos con proveedores históricos y contratación de personal vía tratos directos no fundamentados de servicios profesionales o técnicos entre los años 2023-2024, lo que ascendería a un monto de más 1.500 millones de pesos.

“Nosotros nos enteramos de los tratos directos injustificados cuando Contraloría emanó su primer informe, en el que se detectó 80 millones de pesos por trato directo, y lo más curioso que la justificación que la Contraloría tenía para hacer la auditoria es que había detectado empresas que habían sido creadas días antes de la compra y que solo tenían ventas a la municipalidad de Retiro. Ante esto, nosotros quedamos muy alertas e hicimos una presentación ante la Contraloría  también respecto al alumbrado público. La mantención del alumbrado público de la comuna era un problema muy grande que teníamos en Retiro  y significó que nosotros tuviéramos  que hacer una presentación a la Contraloría una vez requeridos los antecedentes al alcalde, y  nos dimos cuenta que había pasado lo mismo que la Contraloría había dicho en el informe anterior respecto a que  había tratos directos injustificados con un proveedor determinado, con montos inferiores para que no pudieran pasar por el concejo, para hacerlo de una forma muy escondida”.

El concejal agrega que luego de esa denuncia, la Contraloría confirmó que efectivamente el alcalde compró vía trato directo los servicios y que además la gran mayoría de los proveedores vendía productos solo a la municipalidad de Retiro, “a nadie más”, pero además el ente contralor dice que esas compras están fragmentadas, cuestión que está prohibida por Ley.

Espinoza señala que aplicaron el mismo principio para todas las compras que se realizan a través de Mercado Público, “y ahí pudimos detectar a lo menos a 9 proveedores que superan los mil millones de pesos. Los servicios habrían sido fragmentados y pagados vía trato directo no justificados”.

“Hemos puesto en antecedente del Ministerio Público para que pueda revisar si existe algún tipo de beneficio para el alcalde o a alguien más del servicio municipal cuando se hacen estos tratos directos”, afirmó.

Por otro lado, la autoridad comunal explica que durante los años 2023 y 2024 la municipalidad en su presupuesto anual no contempló contratar a trabajadores a honorarios, “entonces para cubrir esta demanda lo que la municipalidad hizo fue contratar personas por servicios profesionales a través del Mercado Público, y ahí automáticamente esos servicios profesionales vía Mercado Público, como un proveedor cualquiera, está injustificado, ya que no se ajustan a las causales que establece la Ley de Compra, y además dichos funcionarios trabajan en la municipalidad, entonces cuando usted compra un prestador de servicio no es para que trabaje instalado ocupando instalaciones de la municipalidad”.

Además de ello, el concejal detalló que existen funcionarios contratados a través del Departamento de Educación Municipal (DAEM) que hacen servicios de Relaciones Públicas y apoyos en redes sociales para el alcalde y que “presentaban horas extras muy elevadas, lo que a nuestro parecer son trabajos que no se estaban realizando”.

“Ahora bien, si usted tiene personas contratadas a través del DAEM y las tiene trabajando en otra área municipal que no es de educación, por supuesto que el fondo está malversado porque  el objetivo de ese fondo era ser gastado en educación no en relaciones públicas del alcalde”, acotó.

Respecto a los tratos directos el concejal es claro en señalar que “creemos que están configurados los delitos de malversación de fondos públicos y queremos ver si aquí existe un fraude al fisco, una asociación ilícita para poder beneficiarse respecto de estos tratos directos por tanto tiempo”, sentenció Espinoza.

Para el concejal el mayor problema radica en que estas compras por trato directo están fragmentadas, con la idea de que no pasen por concejo municipal, ya que superando  las 500 UTM al año  se requiere de la aprobación de los concejales.

Consultada al respecto, la concejala, Magaly Moya, indicó que “no estamos motivados por revanchas ni intereses políticos. Sin embargo, como concejales fiscalizadores, es nuestro deber poner en conocimiento de la justicia una serie de irregularidades que han impactado y continúan afectando al municipio de Retiro, pero, sobre todo, a nuestros vecinos. Es imperativo que se investiguen a fondo estas situaciones para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos”.

Asimismo, el concejal, Cristian Ramos, señaló que “como concejales tenemos la obligación de defender los recursos de todos nuestros vecinos. Por ello, presentamos estos antecedentes al Ministerio Público, y que se investiguen estos hechos que afectan el desarrollo equitativo de nuestra comuna”.

Es importante consignar que la querella fue acogida por el Juzgado de Garantía de Parral a fines del mes noviembre del año 2023, por lo que ahora la PDI está citando a los testigos, en este caso a los propios concejales quienes ya han declarado, y ahora se espera ocurra lo mismo con funcionarios municipales.

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