Procesos judiciales y administrativos afectan a los gobernadores de 8 regiones y alcaldes de 9 comunas, lo que genera interrogantes sobre la continuidad en sus respectivas funciones.
Las recientes elecciones regionales y municipales han dejado una situación inédita en los procesos democráticos de la historia de Chile. ocho gobernadores y nueve alcaldes fueron reelectos aun cuando mantienen vigentes procesos judiciales, denuncias en Contraloría o causas en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), los que ponen en duda el futuro de sus cargos en las regiones/comunas
Según Mario Herrera Muñoz, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, la situación se explica porque “en un contexto como en el que tenemos múltiples elecciones en paralelo, evidentemente es un atajo informacional conocer a la persona que ocupa el cargo, algo a lo que nosotros denominamos como el incumbente, que significa que quien siempre corre con un 70% alrededor de ventaja por sobre el resto de los candidatos”.
Formalización y medidas cautelares
Por ejemplo, en la comuna de en Linares, en la Región del Maule, el actual alcalde Mario Meza Vásquez (RN) fue reelecto para ejercer su tercer periodo, obteniendo una votación del 44,82%, pero eso no es todo, ya que lo más sorprendente es que actualmente enfrenta una causa judicial por fraude al fisco, en la que ya fue formalizado y cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional. Proceso que cuenta con un plazo de investigación de seis meses, por lo que en marzo ante una eventual condena podría resultar destituido.
Alejandro Cárcamo, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Maule, comenta que «la formalización no implica condena, pero si llegase a una pena aflictiva, es decir superior a 3 años y un día, la destitución podría activarse con el concejo municipal recién asumido, obligándolos a elegir a un suplente».
La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades fija en su Artículo 60, las razones por la que un alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: a) Pérdida de la calidad de ciudadano; b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente; c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes; y d) Renuncia por motivos justificados. El mismo cuerpo legal establece que en caso de vacancia, el concejo procederá a elegir de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, un nuevo jefe comunal que complete el periodo restante hasta una nueva elección.
Violencia intrafamiliar
En Chillán Viejo, el reelecto alcalde Jorge del Pozo Pastene (IND) alcanzó un 52,64% de los votos, sin embargo, en la madrugada de su triunfo electoral fue denunciado por violencia intrafamiliar, por lo que fue detenido y formalizado por el delito de lesiones menos graves contra su conviviente. El Juzgado de Garantía ordenó la medida cautelar de abandonar el hogar que compartía con la víctima, además de la prohibición de acercarse a la denunciante y fijó un plazo de investigación de tres meses para aclarar los hechos.
“Existe una ley que regula específicamente el delito de violencia intrafamiliar. Algunos casos son atendidos por el Tribunal de Familia, pero cuando se trata de hechos de mayor gravedad estos son conocidos y juzgados por tribunales penales”, sostuvo el profesor Cárcamo.
En el marco de la violencia intrafamiliar las sanciones para el delito se elevan en un grado, por lo que, de ser condenado, el alcalde arriesga la pena que pasa de 541 días a 3 años. Además, debería ser ingresado al registro especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar.
Acusaciones ante la Contraloría
En Colbún, Pedro Pablo Muñoz (IND) asumirá su segundo período alcaldicio consecutivo tras lograr un 46,19% de las preferencias. Pese a que es investigado en Contraloría por posibles irregularidades administrativas, en cuanto al gasto de recursos públicos para turismo personal y sobreprecios en el pago de artistas en festivales de la comuna. En este caso, estamos hablando de un proceso diferente a los anteriores, ya que se trata de un asunto administrativo.
Para Alejandro Cárcamo «en este tipo de casos, la Contraloría no tiene potestad para destituir a un alcalde, pero puede remitir un informe al concejo municipal, que tiene la facultad de presentar una demanda de remoción ante el Tribunal Electoral Regional del Maule. Ese Tribunal, en un proceso judicial nuevo, revisa los antecedentes y conforme a la gravedad de la falta que se acredite, podría llegar a sentenciar una destitución».
Entre la reelección y las acusaciones
La actual Gobernadora del Maule, Cristina Bravo Castro (PDC) recibió un 33,92% de los sufragios, pese a que se proyectaba como una de las candidatas con posibilidades de ganar en una primera vuelta, va a tener que ir a una segunda votación contra Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI).
Bravo se encuentra en la calidad de imputada, está siendo investigada por el Caso Convenios, donde a través de la Fundación Urbanismo Social habría gestionado la contratación de personas para diversos proyectos adjudicados. También, fue acusada a Contraloría por el uso de recursos públicos en giras al extranjero y para su propia campaña electoral.
Finalmente, todas estas autoridades cuentan con el principio de presunción de inocencia a su favor. “En cualquiera de los casos lo que hay que esperar es que la justicia sea la que resuelva este tipo de casos. Pero desde una mirada más electoral, pareciera ser que este tipo de casos no tienen un impacto dentro de la votación, o que como existe tal fragmentación, eso ayuda a que este tipo de candidatos logre la reelección”, como lo sostiene Mario Herrera.
