Durante un intento de salir del país en el terminal de buses de Iquique, fue arrestado el venezolano Santos Rafael Gallegos Carrasquel, de 30 años. Este individuo es acusado de haber cometido, a finales de enero, un robo con intimidación en una vivienda en el centro de Talca, donde se encontraban dos mujeres mayores, a la que luego agredió sexualmente a una de ellas.
El fiscal Pedro Salgado, encargado de la investigación, afirmó, “Se formaliza la investigación por los delitos de robo con intimidación y abuso sexual agravado contra un ciudadano venezolano de 30 años, quien el 30 de enero agredió a dos víctimas mayores, una de 92 y otra de 71 años. A raíz de las diligencias realizadas por la fiscalía, el imputado fue finalmente detenido en Iquique, tras una orden solicitada por la fiscalía y aprobada por el tribunal de garantía de Talca. Por ello, se controló la detención en Iquique y se formalizaron cargos en Talca por los hechos ocurridos ese día. La fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida, considerando que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas».
En este contexto, el inspector Cristián Venegas, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca, explicó que, “al iniciar este proceso investigativo, los detectives lograron recopilar evidencia audiovisual, específicamente registros de cámaras de seguridad de inmuebles y locales comerciales cercanos al domicilio de la víctima. Esto permitió observar al imputado ingresar y salir de la vivienda, portando los objetos sustraídos, que luego entregó en un comercio cercano. A través de diligencias de inteligencia policial y análisis criminal, se logró identificar al imputado, un venezolano de 30 años con situación migratoria irregular, y se confirmó que había abandonado Talca con destino al norte del país, específicamente a Iquique. En estrecha colaboración con el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Iquique, el imputado fue localizado en el terminal de buses de la ciudad, justo antes de abordar un bus hacia la frontera”.
El tribunal otorgó un plazo de cinco meses para la investigación en este caso de robo con intimidación y abuso sexual agravado.
