En 2023, el municipio de San Javier proporcionó a la fiscalía local una serie de antecedentes que llevaron al Ministerio Público a iniciar una investigación penal contra un funcionario por el delito de malversación de caudales públicos, tras confirmarse la pérdida de una considerable suma de dinero.
El individuo, que formaba parte del personal administrativo, trabajaba en la oficina de Fonasa, donde su función consistía en la venta directa de bonos a la comunidad. Al finalizar cada día, debía ingresar los fondos recaudados a la tesorería municipal para que fueran depositados en la cuenta corriente correspondiente. Además, el imputado tenía la responsabilidad exclusiva de manipular dinero en efectivo dentro de una caja fuerte bajo su resguardo.
Una vez concluida la investigación, el fiscal jefe de la comuna, Patricio Caroca, presentó una acusación contra el funcionario municipal, logrando, mediante un procedimiento abreviado, una condena en su contra.
“Durante el año 2023, la fiscalía recibió una denuncia de la municipalidad de esta comuna, indicando que un funcionario, Pablo Guerrera Aravena, encargado de la venta de bonos de Fonasa, se apropió de más de 25 millones de pesos entre julio y agosto de 2023. Las diligencias ordenadas por la fiscalía permitieron esclarecer el modus operandi del imputado y su responsabilidad”, señaló el fiscal Caroca.
Tras finalizar las diligencias de investigación, Caroca indicó que, “se dictó una sentencia condenatoria contra el imputado a una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales. Gracias a las acciones del Ministerio Público, se logró recuperar la suma de 25 millones de pesos, que fueron reintegrados a las arcas municipales. Así, no solo se estableció el hecho y se condenó al imputado, sino que también se resarció el perjuicio causado por esta malversación de caudales públicos,»* afirmó el fiscal Caroca.
El tribunal, en su resolución, sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva, por un período equivalente a la pena impuesta, lo que implica que el condenado deberá presentarse periódicamente ante Gendarmería de Chile en Linares.
