El exalcalde de Longaví y actual diputado electo, Cristian Menchaca Pinochet, salió al paso de las acusaciones difundidas en los últimos días sobre supuestos pagos irregulares a la Constructora Pereira, las que calificó como falsas y sin sustento.
A través de una declaración pública, Menchaca aseguró que todos los pagos realizados durante su administración correspondieron a servicios licitados, efectivamente ejecutados y debidamente cancelados, los cuales -según afirmó- fueron revisados por la Contraloría General de la República sin observaciones.
“El municipio de Longaví nunca pagó $800 millones por servicios no realizados. Esa información es absolutamente falsa”, sostuvo el exjefe comunal.
Facturas emitidas sin respaldo municipal
Menchaca explicó que la Constructora Pereira habría emitido facturas adicionales por servicios no solicitados por el municipio, las que habrían sido cedidas a una empresa de factoring.
No obstante, precisó que esas facturas nunca fueron pagadas por la municipalidad y que posteriormente fueron anuladas por la propia empresa, descartando cualquier perjuicio fiscal.
Asimismo, recalcó que el municipio de Longaví no mantiene deudas vigentes con la constructora.
Sumarios e instancias judiciales en curso
El exalcalde recordó que durante su gestión, el 18 de diciembre de 2023, instruyó un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades en los procesos de control de facturas, investigación que aún se encuentra en desarrollo.
Además, señaló que el 29 de agosto de 2024, en la causa C-1465-2024 del Primer Juzgado de Letras de Linares, se alegó judicialmente la falsedad de las facturas emitidas de manera irregular.
Posibles acciones legales
Menchaca calificó como de “máxima gravedad” los intentos de vincularlo a una supuesta colusión con alcaldes de otras comunas, advirtiendo que evalúa iniciar acciones legales contra quienes lo acusan de delitos sin antecedentes que los respalden.
Finalmente, reiteró que ni él ni el municipio estuvieron involucrados en irregularidades y expresó su total disposición a que las investigaciones administrativas y judiciales continúen su curso, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.
