Las llamas vuelven a ganar terreno en el centro-sur del país mientras el Congreso sigue sin cerrar la tramitación de la Ley de Incendios Forestales, una norma clave para la prevención frente a una crisis que ya no es excepcional, sino recurrente. El proyecto permanece estancado desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora Ximena Rincón, quien ha sido anunciada como futura ministra de Energía en el próximo gobierno de José Antonio Kast.
En regiones como Ñuble, Biobío y La Araucanía, el fuego avanza en paralelo a un debate legislativo que se ha extendido por más de un año. La iniciativa, impulsada tras la tragedia de Valparaíso en 2024, aún no logra convertirse en ley pese a la urgencia declarada por el Ejecutivo.
El proyecto propone un cambio de enfoque; menos reacción, más prevención. Ordenamiento territorial, manejo del paisaje y responsabilidades claras para el sector público y privado forman parte del corazón de la propuesta. Sin embargo, ese giro estructural quedó atrapado en una discusión política.
El principal nudo fue la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos quemados durante 30 años. La indicación fue rechazada en el Senado, abriendo un flanco de críticas desde el oficialismo y organizaciones ambientales, que advierten que sin esa norma se mantiene abierta la puerta a desarrollos inmobiliarios en zonas siniestradas.
Expertos alertan que esta falta de reglas favorece un círculo peligroso; incendios, degradación ambiental y posterior uso del suelo con menores exigencias. Un escenario que, sostienen, debilita la protección de ecosistemas y aumenta el riesgo futuro.
Mientras tanto, la ley quedó estancada en la Comisión de Hacienda, pese a contar con urgencia legislativa. El retraso provocó un cruce de responsabilidades políticas y fuertes cuestionamientos al ritmo del Senado en medio de una emergencia activa.
El Gobierno apuntó a la presidencia de la comisión, Ximena Rincón, por la demora, mientras desde la oposición se cuestionó el alcance real del proyecto, señalando que no incorpora suficientes herramientas de persecución penal ni recursos inmediatos para enfrentar la temporada actual.
Finalmente, en medio del avance de los incendios, la comisión despachó el proyecto y lo envió a la Sala del Senado, aunque con advertencias; la norma no entraría en vigencia de inmediato y no contempla financiamiento para este año.
El resultado es un escenario conocido. El fuego avanza, las pérdidas se acumulan y la prevención sigue dependiendo más de la voluntad política que de un marco legal robusto.
En Chile, una vez más, el incendio corre más rápido que la ley.
