El exfiscal, que se desempeñaba como Fiscal Regional Metropolitano Oriente, quedó recluido en Capitán Yáber tras ser formalizado por cohecho, filtración de información y prevaricación, en el marco del denominado Caso Audios.
La prisión preventiva decretada contra el exfiscal Manuel Guerra sigue generando repercusiones, luego de que el abogado querellante Mauricio Daza calificara la causa como “el caso de corrupción más importante en la historia del Ministerio Público”.
La medida fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró al exfiscal un peligro para la sociedad, ordenando su ingreso al anexo penitenciario Capitán Yáber.
Guerra enfrenta cargos por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, en el contexto del Caso Audios y su vínculo con el abogado Luis Hermosilla. Durante su gestión como Fiscal Regional Metropolitano Oriente, habría aprovechado su cargo para entregar información reservada y coordinar acciones en causas que conocía, a cambio de beneficios personales.
Según Daza, la resolución del tribunal da cuenta de una estructura de corrupción que habría operado por al menos cinco años entre Guerra y Hermosilla. Uno de los elementos clave son los chats entre ambos, donde el exfiscal ofrecía colaboración y solicitaba gestiones en favor propio y de personas cercanas.
El querellante advirtió que las penas por cohecho reiterado podrían superar los diez años de cárcel, lo que impediría el acceso a beneficios como la libertad condicional. Además, el tribunal fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación.
Otro elemento que marcó la audiencia fue la reiterada mención al exministro del Interior Andrés Chadwick, mencionado más de 20 veces durante la lectura de la resolución. La investigación indaga su rol en la llegada de Guerra a la Universidad San Sebastián como parte de eventuales contraprestaciones hacia Hermosilla.
Actualmente, Chadwick figura como imputado en causas vinculadas al caso, aunque aún no ha sido formalizado.
El avance de esta investigación abre un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles de los últimos años, con implicancias que podrían escalar a distintos niveles del sistema político y judicial.
