La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario administrativo contra el alcalde de Curicó, George Bordachar, tras detectarse su presencia en un casino en Antofagasta. El caso se enmarca en una investigación de alcance nacional por millonarias apuestas realizadas por funcionarios públicos.
El informe del ente fiscalizador reveló que 910 funcionarios, pertenecientes a 371 organismos, efectuaron transacciones por más de $11.490 millones en juegos de azar entre enero de 2024 y junio de 2025. Según la CGR, varias de estas operaciones no guardan relación con los ingresos declarados, lo que podría implicar vulneraciones a las normas de probidad.
En ese contexto, la situación del jefe comunal quedó bajo revisión. El propio Bordachar confirmó la apertura del proceso. “Llegó desde la Contraloría el oficio que adjunta nóminas de funcionarios que habrían ido al casino teniendo prohibición”, señaló.
El alcalde explicó que su visita ocurrió durante un viaje personal vinculado a una actividad deportiva. Aseguró que solicitó un día administrativo y que dejó como subrogante a Marcelo Fernández, recalcando que no utilizó recursos municipales ni fondos públicos.
También argumentó que la normativa aplicable fue precisada con posterioridad a su visita. “La Contraloría aclaró este tema a fines de febrero de 2025, es decir, después de mi visita”, sostuvo.
Riesgos y sanciones
La investigación se sustenta en la llamada “Regla de Oro” de la Ley 19.995, que prohíbe apostar a funcionarios que administren o custodien fondos públicos, categoría que -según interpretaciones recientes- incluye a los alcaldes.
En este escenario, Bordachar arriesga sanciones que van desde multas de 3 a 15 UTM, a cargo de la Superintendencia de Casinos de Juego, hasta eventuales medidas administrativas más severas.
La normativa califica estas conductas como una falta grave a la probidad, lo que podría derivar en la destitución del cargo. Además, si se determina que las apuestas son incompatibles con los ingresos del funcionario, los antecedentes podrían escalar a la justicia penal, abriendo investigaciones por eventuales delitos como lavado de activos o cohecho.
Pese al escenario, el alcalde aseguró que continuará en funciones mientras avanza el proceso. “No hay nada todavía, seguimos siendo alcalde en funciones… es solamente el inicio de un sumario”, afirmó.
