Medida anunciada por el ministro Iván Poduje deja sin efecto el plan para crear un sitio de memoria en Colonia Dignidad y genera rechazo de agrupaciones, que acusan un retroceso en materia de derechos humanos.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Gobierno decidió revertir la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa impulsada por la administración anterior para instalar un sitio de memoria en el lugar.
La medida se adoptó en medio de una revisión presupuestaria de la cartera, que enfrenta un complejo escenario financiero. Según explicó el secretario de Estado, el presupuesto 2026 se encuentra comprometido en un 97% por deudas de arrastre, a lo que se suma un recorte transversal del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda.
En ese contexto, Poduje señaló que, “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, descartando así la continuidad del proceso.
La decisión generó una inmediata reacción desde organizaciones de derechos humanos, que manifestaron su rechazo en una declaración pública.
Agrupaciones vinculadas a memoria y derechos humanos calificaron la medida como “gravísima” y acusaron una señal política que, a su juicio, relativiza las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en el enclave.
“Rechazamos categóricamente esta decisión. La memoria no se negocia”, señalaron, advirtiendo además que el Estado estaría incumpliendo compromisos internacionales, como el memorándum de entendimiento suscrito con Alemania en 2017.
Las organizaciones también cuestionaron que el proyecto sea descartado por razones presupuestarias. “No aceptamos que la memoria se subordine a ajustes ni que se considere un gasto prescindible”, indicaron.
Asimismo, exigieron al Gobierno garantizar la transformación del lugar en un sitio de memoria, verdad y reparación, subrayando que la lucha contra la impunidad “no cesará por decreto”.
El debate reabre la discusión sobre el destino de Colonia Dignidad, uno de los lugares más controvertidos de la historia reciente del país, y el rol del Estado en materia de memoria y derechos humanos.
