La decisión de retirar el reglamento de la denominada Ley Karin encendió las alertas en el Congreso. La medida fue informada mediante un oficio enviado el pasado 25 de marzo por la Subsecretaría del Trabajo a Contraloría, generando una inmediata respuesta desde el Senado.
La senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, ofició al Gobierno para solicitar explicaciones formales sobre lo que calificó como una nueva arremetida contra los derechos laborales. El documento apunta directamente a la decisión administrativa de frenar el avance del reglamento que regula investigaciones por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
El reglamento retirado establecía directrices clave para la aplicación de la Ley Karin, normativa que busca fortalecer los mecanismos de protección frente a situaciones de acoso y violencia en espacios laborales.
“Existe una gran preocupación por parte de trabajadores y trabajadoras que se han contactado conmigo durante esta Semana Santa”, señaló la parlamentaria. Según explicó, el oficio podría implicar el debilitamiento de herramientas fundamentales para investigar denuncias de acoso, afectando directamente la protección de las víctimas.
La también presidenta del Partido Socialista de Chile detalló que su requerimiento exige conocer las razones jurídicas o administrativas detrás del retiro del reglamento. Además, pidió claridad sobre eventuales modificaciones, los actores consultados en el proceso y el impacto que estos cambios tendrían en el sistema de denuncias y fiscalización.
El oficio también busca precisar el estado actual del proceso reglamentario y los plazos que maneja el Ejecutivo para su eventual reingreso. En particular, se pone foco en cómo las modificaciones podrían afectar el rol de la Dirección del Trabajo en la recepción, investigación y seguimiento de denuncias.
Vodanovic advirtió que la situación genera incertidumbre en el mundo laboral y podría traducirse en un retroceso en materia de derechos. Por ello, anunció que sostendrá reuniones durante los próximos días con autoridades del Trabajo y representantes de gremios.
El objetivo, indicó, será coordinar acciones frente a lo que considera una ofensiva del Ejecutivo que podría debilitar avances logrados en la protección de las personas frente a la violencia en el trabajo.
