Un fuerte aumento en la recaudación fiscal registró esta semana la Tesorería General de la República (TGR), tras el inicio del plan de cobros impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Solo durante el martes, el organismo logró percibir cerca de 2,1 millones de dólares, cifra que representa el nivel más alto desde que comenzaron las acciones de cobro judicial y administrativo a gran escala.
Presión a deudores y efecto inmediato
El alza en los ingresos se explica por la ofensiva del Ejecutivo, que instruyó perseguir a más de 550 mil morosos del sistema, especialmente a aquellos con altos ingresos.
La medida incluye advertencias de embargo de bienes -como viviendas y vehículos- para quienes registren sueldos superiores a los cinco millones de pesos mensuales y mantengan deudas impagas.
Desde la TGR señalan que el impacto fue inmediato. Antes del anuncio, la recaudación diaria promediaba cerca de 30 millones de pesos. Hoy, esa cifra se ha multiplicado varias veces.
Deuda acumulada y foco fiscal
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había anticipado el endurecimiento de las medidas, advirtiendo que el Estado retomaría acciones que no se ejecutaban desde 2017.
Según datos oficiales, la deuda total del CAE alcanzaba los 4 billones de pesos en 2025, evidenciando un crecimiento sostenido en los últimos años.
El secretario de Estado también apuntó a un grupo específico; cerca de 1.800 deudores con altos ingresos, cuya morosidad representa alrededor de 20 millones de dólares.
Plan económico y ajuste fiscal
El cobro a los deudores del CAE forma parte del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, eje central del programa económico del actual gobierno.
La administración busca reducir el déficit fiscal mediante una combinación de ajuste del gasto público y aumento en la eficiencia recaudatoria.
En ese contexto, se ha planteado un recorte del gasto estatal y una revisión de políticas como la gratuidad universitaria, lo que ha generado debate en el ámbito político y social.
Tensiones y escenario económico
Las medidas se implementan en un escenario fiscal complejo. En 2025, Chile registraba un déficit estructural de 3,6% del PIB, lo que ha tensionado el debate sobre la conducción económica entre el actual gobierno y la administración anterior.
Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ordenar las cuentas públicas, las acciones sobre el CAE ya comienzan a mostrar resultados concretos en la recaudación.
El impacto de estas políticas, sin embargo, seguirá siendo observado tanto por el mundo político como por miles de familias que aún enfrentan el peso de la deuda estudiantil.
