El Maule vuelve a mirar al extranjero, esta vez con una delegación que ya se encuentra en China desde el 7 y hasta el 17 de junio, en una gira oficial para conocer buses eléctricos. Cuatro consejeros regionales viajaron invitados por Asobus Curicó, empresa con influencia directa en el rubro, en una misión financiada con recursos públicos que vuelve a tensionar el límite entre gestión y turismo político. En la comitiva figura Juan Andrés Muñoz, presidente regional de Renovación Nacional y uno de los consejeros con mayor historial de viajes internacionales, mientras persisten las dudas sobre los beneficios reales para la región.
La delegación la integran los consejeros regionales Juan Andrés Muñoz, Igor Villarreal, Roberto García y Gonzalo Montero. El objetivo declarado del viaje es conocer avances tecnológicos, procesos de fabricación y modelos de implementación de buses eléctricos que hoy lideran el transporte público en China.
El costo total de la gira bordea los 31 millones de pesos, considerando pasajes y estadía, recursos que se financiarán con cargo al ítem de viajes del Gobierno Regional del Maule. La cifra vuelve a generar cuestionamientos en un contexto regional marcado por demandas sociales urgentes y restricciones presupuestarias.
En el último periodo, el consejero Juan Andrés Muñoz figura entre quienes concentran mayor gasto, con viajes anteriores a Turquía e Israel y País Vasco (España).
Un patrón que se repite
A fines de mayo, además, se concretó otra salida internacional al País Vasco, en España. La lista de destinos se amplía con Francia, Estados Unidos, Argentina y ahora China, instalando la pregunta sobre la reiteración de estas misiones y su impacto efectivo en el desarrollo regional.
Gestión pública bajo la lupa
El debate no se centra en el acto de viajar, sino en la ausencia de información clara sobre resultados concretos. Hasta ahora, no se conocen informes públicos que detallen transferencias tecnológicas, inversiones asociadas o mejoras verificables que hayan retornado a la región tras estas giras.
También se abre un flanco sensible respecto de la relación entre autoridades públicas y actores privados. Que el viaje sea financiado con recursos regionales y, a la vez, cuente con la invitación de una empresa del rubro involucrado en futuras decisiones, vuelve a tensionar la frontera entre representación institucional y potenciales conflictos de interés.
Confianza y rendición de cuentas
La discusión se vuelve más compleja al contrastar estas giras con otras realidades. Mientras autoridades viajan al extranjero con cargo al erario regional, ciudadanos comunes enfrentan embargos y cobros por deudas educacionales, bajo procedimientos estrictos y de escaso margen de diálogo.
Ahí, el Estado no viaja: ejecuta. No explica: cobra. Y la pregunta de fondo se instala con fuerza: ¿existe el mismo estándar de rigor para fiscalizar el uso de recursos públicos que para exigir responsabilidades a los ciudadanos?
Viajar no es, en sí mismo, el problema. Lo cuestionable es volver sin resultados claros, sin informes públicos y sin beneficios tangibles para la región. Porque los recursos públicos no pertenecen a nadie en particular, y la confianza ciudadana solo se sostiene cuando la transparencia y la rendición de cuentas son la regla, no la excepción.
