El organismo fiscalizador advirtió que la Municipalidad no respondió el fondo de la denuncia sobre el eventual uso de recursos del aporte per cápita para financiar guardias de seguridad en establecimientos de salud. Además, recordó que sus requerimientos son obligatorios y vinculantes.
La Contraloría Regional del Maule otorgó un plazo hasta el próximo 21 de julio de 2026 a la Municipalidad de Linares para responder de manera fundada una denuncia relacionada con el eventual uso de recursos destinados a la Atención Primaria de Salud para financiar servicios de guardias de seguridad en establecimientos de salud municipal.
La determinación quedó establecida en el Oficio N° 133086, mediante el cual el organismo fiscalizador advirtió que el municipio no dio respuesta al fondo del requerimiento formulado previamente a través del Oficio N° OF83792 de 2026.
La denuncia, presentada por una persona acogida a reserva de identidad, sostiene que el municipio estaría utilizando recursos provenientes del aporte per cápita contemplado en la Ley N° 19.378, que regula el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, para costear servicios de seguridad en distintos recintos de salud.
En su respuesta inicial, la Municipalidad de Linares informó que el Departamento de Salud y la administración comunal se encontraban gestionando un nuevo aporte municipal para solventar dichos gastos. Sin embargo, Contraloría concluyó que esa respuesta no abordó el fondo de la denuncia, limitándose a informar sobre una eventual fuente de financiamiento futura.
Por ello, el órgano de control instruyó al municipio remitir un informe jurídico fundado, en el que se pronuncie expresamente sobre la efectividad de los hechos denunciados y las circunstancias en que estos habrían ocurrido.
El documento deberá ser enviado a la Contraloría Regional del Maule a más tardar el 21 de julio de 2026, plazo fijado por el organismo para acreditar el cumplimiento de la instrucción impartida.
Contraloría recuerda carácter obligatorio de sus requerimientos
En el mismo oficio, la Contraloría recordó a la Municipalidad de Linares que los requerimientos emitidos por el organismo son obligatorios y vinculantes para las entidades sujetas a su fiscalización.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento del deber de informar constituye una infracción a los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, pudiendo comprometer sus responsabilidades administrativas.
Con este nuevo requerimiento, la Contraloría busca establecer si existió o no un uso de recursos provenientes del aporte per cápita de la Atención Primaria para fines distintos a los contemplados por la normativa vigente, antecedentes que deberán ser aclarados por el municipio dentro del plazo establecido.
