La activación del Fondo Nacional de la Reconstrucción, tras el reciente sistema frontal, abrió un intenso debate en redes sociales. Mientras el Ejecutivo recordó que el mecanismo existe por ley desde 2010, numerosos ciudadanos cuestionaron el llamado a realizar aportes en un escenario marcado por el elevado costo de la vida, la cesantía y la presión económica que enfrentan miles de familias.
El Gobierno activó el Fondo Nacional de la Reconstrucción para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el sistema frontal entre las regiones de Atacama y Los Ríos, acompañado de una campaña que invita a personas y empresas a realizar donaciones en dinero, especies o mediante la ejecución de obras.
Sin embargo, la iniciativa rápidamente generó un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que se soliciten aportes a la ciudadanía en medio de un complejo escenario económico para muchas familias.
Entre los comentarios publicados en las plataformas oficiales de la Subsecretaría de Hacienda, varios internautas plantearon que la reconstrucción debería financiarse con recursos provenientes de los impuestos y no mediante nuevas campañas de donación. Otros apuntaron al alto costo de la vida y a la situación del empleo como factores que dificultan pedir un esfuerzo económico adicional a la población.
Fondo existe desde hace más de una década
Desde el Ejecutivo explicaron que el mecanismo no corresponde a una nueva medida, sino al Fondo Nacional de la Reconstrucción, creado mediante la Ley N.º 20.444, promulgada en 2010 tras el terremoto del 27 de febrero.
La normativa permite recibir donaciones de personas naturales y empresas para financiar proyectos de reconstrucción, además de establecer beneficios tributarios para quienes efectúen estos aportes.
Comité asesor ya comenzó su trabajo
En paralelo, el Ministerio de Hacienda informó la constitución del Comité Asesor del Fondo Nacional de la Reconstrucción, integrado por representantes de los ministerios de Hacienda, Interior, Desarrollo Social, Vivienda y Agricultura, organismo que tendrá la misión de coordinar el uso de los recursos destinados a las zonas afectadas.
Aunque el fondo cuenta con respaldo legal desde hace más de 15 años, su reactivación volvió a instalar un debate que trasciende la emergencia: cuál debe ser el rol del Estado en el financiamiento de la reconstrucción y hasta qué punto resulta adecuado solicitar aportes voluntarios a la ciudadanía en un contexto económico complejo para miles de hogares chilenos.
