La investigación apunta a eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos en procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar. Fueron incautados computadores y teléfonos celulares.
Una investigación por presuntas irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) derivó en diligencias de entrada y registro realizadas por la Fiscalía Oriente y la Policía de Investigaciones.
Los operativos se desarrollaron en dependencias de Junaeb y también en oficinas del Congreso Nacional, en el marco de una causa que indaga posibles delitos de corrupción asociados a procesos de contratación del servicio.
La fiscal a cargo de la investigación, Constanza Encina, confirmó que se indagan delitos como fraude al Fisco, cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos, relacionados principalmente con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar.
Durante las diligencias, la PDI incautó equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares y computadores, con el objetivo de reunir antecedentes para la investigación.
Denuncia por millonarias irregularidades
El caso se originó tras auditorías internas impulsadas por la actual administración de Junaeb, que posteriormente derivaron en una denuncia ante el Ministerio Público.
Según antecedentes entregados durante la investigación, las eventuales irregularidades superarían los $14 mil millones, incluyendo cuestionamientos a procesos de adjudicación y pagos realizados a empresas proveedoras.
Uno de los focos está puesto en contratos vinculados a la empresa Soser S.A., particularmente en la Región de O’Higgins, donde se investigan posibles beneficios indebidos en procesos de licitación.
La Contraloría General de la República también había advertido observaciones respecto a algunos procedimientos, incluyendo cuestionamientos relacionados con valores adjudicados y mecanismos de regulación de precios.
Investigación alcanza al Congreso
Las diligencias policiales también llegaron hasta dependencias del Congreso, donde se realizaron registros en oficinas parlamentarias en el marco de la indagatoria.
La fiscal Encina señaló que existen antecedentes que involucran a actores políticos, aunque recalcó que la investigación continúa en desarrollo y que serán las diligencias las que permitan establecer eventuales responsabilidades.
Desde la Fiscalía indicaron que la causa podría extenderse a otras regiones del país, debido a que los antecedentes revisados apuntarían a posibles prácticas irregulares más allá de un solo territorio.
