En el marco de la adjudicación del FONAPI 2026 en el Maule, la autoridad regional abordó las barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad y destacó la importancia de apoyar iniciativas surgidas desde las propias organizaciones.
El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, llamó a avanzar hacia una inclusión integral que no se limite únicamente a garantizar el acceso físico a determinados espacios.
La autoridad abordó los desafíos pendientes durante una entrevista realizada en el contexto de la adjudicación regional del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) 2026.
Prieto, quien se desempeñó como seremi de Desarrollo Social y Familia durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, sostuvo que su experiencia le permitió conocer directamente las distintas realidades sociales existentes en el territorio.
“Las políticas sociales tienen que hacerse pensando en las personas y escuchando a las organizaciones que están en terreno. Hemos avanzado, pero todavía existen muchas barreras que debemos seguir derribando”, afirmó.
Barreras más allá de la accesibilidad física
El delegado señaló que las personas con discapacidad continúan enfrentando obstáculos físicos, sociales, culturales y laborales.
“Una persona puede tener acceso a un espacio físico, pero si no tiene oportunidades de educación, trabajo, participación o de desarrollar sus capacidades, la inclusión sigue siendo incompleta”, enfatizó.
En este sentido, planteó que la inclusión debe abordarse como una responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios, las organizaciones sociales, el sector privado y la ciudadanía.
Prieto también destacó que FONAPI considere diferentes líneas de financiamiento, incluyendo deporte, cultura, inclusión laboral, salud mental e investigación.
“La inclusión no significa solamente tener una rampa o facilitar el acceso a un determinado lugar. Significa poder estudiar, trabajar, hacer deporte, participar de la cultura, cuidar la salud y desarrollar un proyecto de vida con autonomía”, explicó.
Apoyo a personas autistas y cuidadoras
La convocatoria 2026 incorpora iniciativas dirigidas a personas autistas y a quienes desempeñan labores de cuidado, ampliando el alcance de los proyectos financiados.
Para el delegado, esta incorporación permite comprender que la discapacidad también involucra al entorno familiar.
“Detrás existe una familia y muchas veces una persona cuidadora que realiza un trabajo enorme y que también necesita apoyo”, sostuvo.
Según Prieto, entregar herramientas a las personas cuidadoras contribuye a mejorar la calidad de vida de todo el núcleo que acompaña diariamente a una persona con discapacidad.
El valor de las organizaciones
La autoridad regional resaltó además el conocimiento y la experiencia acumulados por las organizaciones comunitarias que trabajan directamente con personas con discapacidad.
“Ellas saben cuáles son las dificultades, pero también tienen las ideas y la creatividad para buscar soluciones. El Estado tiene que escuchar esa experiencia y generar las condiciones para que esas buenas ideas puedan transformarse en proyectos concretos”, indicó.
Finalmente, Prieto sostuvo que el objetivo de las políticas públicas debe ser reducir las barreras que condicionan las decisiones cotidianas de las personas con discapacidad.
“Que puedan estudiar, trabajar, desplazarse, hacer deporte, participar y desarrollar sus proyectos con la mayor autonomía posible. Ese es el verdadero sentido de la inclusión: que las oportunidades no estén determinadas por una discapacidad”, concluyó.
