El Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento presentado por el Ejecutivo contra el artículo 31 del proyecto de reconstrucción nacional. La disposición establece la reposición gratuita de suministros en zonas afectadas por catástrofes, incluso cuando hayan sido suspendidos por deudas.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por el Gobierno para impugnar una norma de la denominada “megarreforma”.
La controversia se concentró en el artículo 31 del proyecto de reconstrucción nacional, relacionado con la restitución de los servicios básicos en sectores afectados por situaciones de catástrofe.
La disposición obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los suministros de electricidad, agua y gas a los clientes ubicados en las zonas afectadas. La medida también incluye a los hogares cuyos servicios hayan sido suspendidos por falta de pago.
El Ejecutivo cuestionó la constitucionalidad del artículo, argumentando que su contenido no tendría relación directa con las ideas matrices del proyecto.
El requerimiento fue presentado por el presidente José Antonio Kast junto a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Obras Públicas, Louis de Grange, y de Energía, Ximena Rincón.
Sin embargo, el pleno del TC desestimó la impugnación por una amplia mayoría, en la causa Rol N.º 17.892-26-CPT. El resultado fue informado por el propio Tribunal Constitucional.
La resolución representa un revés jurídico para La Moneda y despeja la objeción constitucional presentada contra la norma. No obstante, los fundamentos completos y el detalle de la votación serán conocidos cuando se publique la sentencia.
El tribunal indicó que esos antecedentes serán difundidos dentro del plazo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
El resultado había sido anticipado semanas antes por el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien incluso había planteado la posibilidad de una votación de nueve contra uno.
La decisión del TC deja sin efecto la impugnación del Ejecutivo y permite que el artículo cuestionado mantenga su lugar dentro del proyecto, a la espera de conocerse el contenido íntegro del fallo.
