Una revisión periodística de LinaresEnLínea sobre los antecedentes del caso establece que el Ministerio Público solicita penas de cárcel, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las responsabilidades deberán ser resueltas por la justicia.
El Ministerio Público solicita penas aflictivas para el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, y para John Sancho Bichet, en el marco del denominado Caso Cloro, relacionado con contrataciones municipales realizadas durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con los antecedentes revisados por LinaresEnLínea, la Fiscalía les atribuye participación en hechos de fraude al fisco reiterado y solicita, además de las penas de presidio, multas e inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos u oficios públicos.
Sancho, identificado actualmente como director de Dideco, ejercía como administrador municipal durante las operaciones investigadas.
La investigación comprende compras de cloro, test rápidos de COVID-19, mascarillas y adquisiciones vinculadas al programa municipal “Un Hogar Una Caja de Alimentos”.
La tesis del Ministerio Público sostiene que en estas contrataciones existieron incumplimientos graves de los deberes funcionarios y pagos con sobreprecio, que habrían generado un perjuicio para la Municipalidad de Linares de al menos $195,7 millones.
La acusación comprende a 15 personas, entre funcionarios públicos y particulares, para quienes la Fiscalía solicita distintas sanciones según la participación que les atribuye.
Posibles efectos sobre los cargos municipales
Además de las consecuencias penales solicitadas, esta etapa plantea posibles efectos sobre el ejercicio de las funciones municipales.
En el caso de Mario Meza, la Constitución contempla la suspensión del derecho a sufragio por encontrarse acusado de un delito que merece pena aflictiva. La Ley de Municipalidades establece que el alcalde afectado por esa suspensión queda temporalmente incapacitado para ejercer y debe ser reemplazado mientras dure el impedimento. Esta situación es distinta de una destitución definitiva.
Para establecer si esa consecuencia ya corresponde en este caso, se requiere confirmar el estado procesal actualizado y las actuaciones judiciales pertinentes.
Respecto de John Sancho, la acusación no genera por sí sola la misma incapacidad prevista para un alcalde. Su continuidad debe analizarse conforme al régimen de su cargo y las eventuales medidas judiciales o administrativas que correspondan. La responsabilidad administrativa es independiente de la penal.
Próxima etapa judicial
El Ministerio Público solicita avanzar hacia una audiencia de preparación de juicio oral, instancia previa al eventual juicio en que se discutirán los antecedentes y las pruebas de las partes.
Las penas solicitadas por la Fiscalía no constituyen condenas. Mario Meza, John Sancho y los demás involucrados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
