El organismo de control busca verificar la realización de los servicios pactados de la actual Gobernadora Regional entre el 1 de enero de 2018 hasta el 17 de mayo de 2021, quien ejerció como Trabajadora Social en el municipio curicano mientras era Consejera Regional.
La Contraloría General de la República volvió a manifestarse ante una posible falta a la probidad de Cristina Bravo, Gobernadora Regional recientemente asumida, dado el vínculo contractual que mantuvo con la Municipalidad de Curicó. Frente a la primera solicitud realizada por el organismo de control, la autoridad comunal de Curicó sólo proporcionó un certificado emitido por el Director de Gestión de Personas, el cual resultó insuficiente para acreditar la existencia de las prestaciones de la actual gobernadora regional en los términos del contrato.
Mediante un informativo, Contraloría indicó la improcedencia del municipio al conceder un beneficio no estipulado en el contrato a honorarios que tuvo con la ex Consejera Regional, quien prestó servicios como Trabajadora Social entre el 1 de enero de 2018 hasta el 17 de mayo de 2021. Según detalla el documento, el alcalde Javier Muñoz concedió un permiso sin goce de sueldo a Cristina Bravo entre el 1 de marzo y el 9 de abril de 2020, y que posteriormente, el alcalde subrogante autorizó un permiso similar entre el 29 de abril hasta el 17 de mayo del mismo año, lo cual no estaba estipulado en el beneficio estatutario dado el contrato a honorarios.
Si bien la legislación señala que las personas contratadas a honorarios pueden gozar de feriados, permisos y otros beneficios similares a los que la ley confiere a los empleados públicos, esto debe quedar concertado en el respectivo contrato.
Por ende, la Contraloría solicitó la totalidad de los antecedentes que permitan constatar la prestación de los servicios pactados con con la actual Gobernadora Regional, otorgando un plazo límite hasta el próximo 20 de agosto.
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