El alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, fue detenido durante la mañana de este martes y posteriormente dejado en libertad, luego de que el municipio pagara $114 millones por el cobro de facturas ideológicamente falsas, presentadas por un factory en representación de la empresa Constructora Pereira e Hijos Ltda.
La detención se produjo tras una orden judicial por no pago, luego de que el Segundo Juzgado de Letras de Linares resolviera que las facturas debían ser canceladas, pese a que el municipio sostuvo durante el proceso que los trabajos cobrados no fueron ejecutados.
Según explicó el propio jefe comunal, al medio Septima Pagina Noticias, la situación se arrastra desde hace un largo tiempo y forma parte de una causa mayor que involucra a otros municipios de la provincia de Linares, en lo que calificó derechamente como una estafa.
“Como siempre, poniéndole el pecho a las balas. Ustedes me conocen, digo las cosas de frente. Somos uno de los municipios involucrados por estas facturas falsas, por la estafa que hizo la empresa Pereira”, señaló Muñoz.
El alcalde relató que, pese a presentar antecedentes y defender la tesis de que se trataba de cobros irregulares, el tribunal determinó el pago, estableciendo como medida de apremio una orden de arresto en caso de incumplimiento.
“Hoy golpearon temprano la puerta de mi casa. Estaba de vacaciones, pero aquí estamos dando la cara. No es una cifra menor y duele profundamente tener que sacar recursos de las arcas municipales para pagar una factura que consideramos falsa”, afirmó.
Muñoz precisó que el municipio presentó una denuncia ante la Fiscalía en marzo de 2025, convirtiéndose -según indicó- en el primer municipio en hacerlo, aportando todos los antecedentes disponibles. La causa penal sigue en investigación.
“Esto va por dos carriles distintos; uno es la investigación penal por estafa, que está en Fiscalía y toma tiempo; y otro es la demanda civil que hizo el factory para hacer efectivo el pago. Lamentablemente, hoy esa vía ya no dio para más”, explicó.
El alcalde confirmó que el pago de los $114 millones se realizó para concretar su liberación, luego de la detención efectiva, y anunció que suspendió sus vacaciones para enfrentar la situación.
Además, informó que durante la tarde citará a una reunión extraordinaria del Concejo Municipal, con el fin de informar formalmente lo ocurrido.
“Ellos tienen que saberlo. Estos son recursos de todos los chilenos. Perdimos esta instancia judicial, pero vamos a seguir adelante con la querella y con la investigación en Fiscalía”, concluyó.
Desde el municipio reiteraron que continuarán colaborando con la justicia, a la espera de que la investigación penal permita esclarecer responsabilidades en un caso que, aseguran, afecta a varias comunas de la provincia, entre ellas Linares y Longaví.
