La Fiscalía imputó al acusado por la venta de parcelas que nunca fueron entregadas. Aunque la parte querellante pidió prisión preventiva, el tribunal decretó medidas cautelares en libertad y fijó un plazo de ocho meses de investigación.
Este lunes 19 de enero se desarrolló la audiencia de formalización en contra de Luis Ótarola, imputado por el delito de estafa reiterada, en una causa que ha ido creciendo en magnitud y que mantiene en alerta a decenas de personas afectadas.
Según los antecedentes expuestos en audiencia, el imputado habría ofrecido y vendido parcelas que nunca se concretaron, apropiándose de importantes sumas de dinero. La defraudación preliminar superaría los $1.600 millones, con al menos 30 víctimas, cifra que podría aumentar a medida que avance la investigación.
Investigación en curso
La Fiscalía formalizó inicialmente por dos casos acreditados, lo que permitió avanzar en la imputación, aunque dejó fuera -por ahora- a la totalidad de afectados que han presentado querellas o denuncias.
El tribunal decretó firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, rechazando la prisión preventiva solicitada por los querellantes.
Se fijó un plazo de investigación de ocho meses.
“Estamos frente a una estafa de gran envergadura”
El abogado querellante Humberto Montiglio, quien representa a tres víctimas, explicó que la causa recién comienza a dimensionarse. “Hoy se formalizó a Luis Ótarola por estafas reiteradas. La Fiscalía tiene acreditado que esta persona estafó al menos a dos personas, prometiendo ventas de terrenos que no eran tales, para hacerse de importantes sumas de dinero”, señaló.
Montiglio cuestionó las medidas cautelares decretadas, calificándolas como insuficientes frente a la magnitud del caso. “Solicitamos prisión preventiva, pero la Fiscalía pidió medidas en libertad. El tribunal accedió solo a eso, considerando que la formalización fue por dos víctimas. No descartamos que esto se revierta cuando se incorporen más afectados”.
Respecto al monto total, advirtió que el perjuicio podría ser mucho mayor. “Estamos hablando preliminarmente de una estafa que podría estar entre los $1.000 y $1.800 millones”.
Disconformidad de las víctimas
En la misma línea, el abogado Luis Giadach Nazario sostuvo que la resolución dejó un sabor amargo entre los afectados. “Desde la perspectiva de las víctimas, procedía la prisión preventiva. Existen varias querellas por estafas reiteradas, pero el Ministerio Público solicitó solo medidas cautelares de menor intensidad, lo que fue acogido por el tribunal”.
Añadió que el volumen de causas evidencia una reiteración delictual clara, que deberá ser ponderada en el avance del proceso.
El testimonio de una víctima
Nataly Castillo, una de las afectadas, relató que fue estafada en 2022, y que recién en 2023 tomó conciencia de la magnitud del engaño. “No solo me estafó a mí con la venta de una parcelación, sino a muchas personas más. El juez se dio cuenta de que hay muchas causas, pero fue formalizado solo por dos”.
Castillo explicó que durante el plazo de investigación se espera que más víctimas se sumen a la causa, fortaleciendo la imputación penal. “Estamos hablando de más de 80 personas entre demanda penal y civil. Tenemos fe en que la justicia va a estar de nuestro lado”.
Llamado a denunciar
La víctima realizó un llamado directo a quienes aún no han denunciado. “No necesitan abogado. Pueden ir directamente a la PDI y hacer la denuncia. Esto puede ser gratuito. Son más de $1.800 millones en estafa, por favor háganlo”.
Un modus operandi reiterado
Según los testimonios, Ótarola habría utilizado un mismo patrón; prometer parcelas que no eran de su propiedad, sin pagar a los dueños originales ni devolver el dinero a los compradores.
“Estafaba doblemente; a quienes compraban y a los dueños de los terrenos. Ninguna de las parcelaciones que ofrecía eran de él”, explicó Castillo.
Sectores como Vega Ancoa, Miraflores, Quiñipeumo y Cerrillos figuran entre los lugares afectados, con decenas de familias que hoy no tienen ni terreno ni devolución de su dinero.
La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía recopila antecedentes para determinar la real dimensión de uno de los casos de estafa inmobiliaria más graves registrados en la zona.
