Este 31 de enero vence el plazo legal para que las empresas con 100 o más trabajadores informen a la Dirección del Trabajo el cumplimiento anual de la Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015), normativa vigente desde 2018.
La ley busca promover la integración laboral y social de personas con discapacidad, estableciendo una cuota mínima del 1% de trabajadores en empresas obligadas por la normativa.
Sin embargo, el marco legal reconoce que algunas compañías pueden enfrentar razones fundadas que dificultan el cumplimiento directo, como la naturaleza de sus funciones, la inexistencia de vacantes o la falta de postulantes que cumplan con los perfiles requeridos.
Ante estos escenarios, la legislación contempla medidas alternativas, entre ellas la donación de recursos equivalentes a 24 sueldos mínimos por cada cupo no cubierto, los que deben ser destinados a organizaciones que desarrollen programas de capacitación, rehabilitación y fomento del empleo para personas con discapacidad.
Estas donaciones, además, permiten acceder a beneficios tributarios, conforme a lo establecido en la Ley 19.885 sobre Donaciones con Fines Sociales.
En este contexto, la Fundación Coanil se posiciona como una alternativa válida para las empresas que no pueden cumplir directamente con la contratación exigida. La organización canaliza estos aportes hacia programas que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.
A través de iniciativas como la consultora de intermediación laboral Elige Incluir y el Taller Protegido Coanil Servicios, la fundación impulsa procesos de inserción laboral que impactan directamente a los usuarios e indirectamente a cerca de 900 personas de su entorno familiar.
“Es fundamental que las empresas cumplan con la Ley de Inclusión Laboral. Cuando no pueden hacerlo de manera directa, Coanil representa una alternativa concreta para seguir aportando a una sociedad más justa e inclusiva”, señaló Nicolás Fehlandt, gerente general de la fundación.
Desde Coanil recalcan que el cumplimiento de la ley no debe entenderse solo como una exigencia normativa, sino como un compromiso social compartido entre el sector público, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto.
A días de que expire el plazo legal, el llamado es a actuar oportunamente y optar por mecanismos que generen un impacto real y sostenible en la vida de las personas con discapacidad.
