El informe del ente fiscalizador se originó tras un oficio presentado por la diputada Consuelo Veloso. La investigación detectó que el funcionario percibió sueldos y bonos mientras cumplía prisión preventiva y arresto domiciliario en el marco del Caso Fraude al Fisco.
La Contraloría General de la República ordenó al director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Linares, John Sancho, devolver $22.648.367 que recibió en remuneraciones mientras se encontraba privado de libertad.
El hallazgo quedó establecido en el Informe Final N°444, elaborado tras un oficio ingresado en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar el pago de sueldos y horas extraordinarias en el municipio.
Según el documento, Sancho percibió su sueldo íntegro entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que se encontraba bajo prisión preventiva y posteriormente arresto domiciliario, en el marco del denominado Fraude al Fisco.
Durante ese mismo periodo también recibió bonos por Mejoramiento de Gestión por cerca de $5 millones, pagos que fueron objetados por el organismo fiscalizador.
Contraloría instruyó sumarios administrativos, ordenó reintegrar los dineros en un plazo de 30 días hábiles y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social.
En paralelo, el informe también reveló nuevas irregularidades en la gestión municipal.
Asimismo, la Contraloría detectó que el municipio pagó más de $610 millones en horas extra durante 2024. En una revisión parcial de $102 millones se comprobó que la administración canceló cerca de 700 horas indebidas, que al menos diez funcionarios superaron el límite legal mensual y que se registraron más de 160 irregularidades en el control de asistencia.
Tras conocerse el informe, la diputada Veloso aseguró que estará atenta al cumplimiento de la medida. “Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”, afirmó.
La parlamentaria recordó además que tanto Sancho como el alcalde de Linares, Mario Meza, se encuentran imputados por fraude al fisco reiterado en la investigación del Caso Cloro, que indaga presuntas compras con sobreprecios durante la pandemia por cerca de $200 millones.
