La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) denunció duramente la aprobación de una indicación que reduce el sueldo mínimo para personas mayores de 65 años, pasando de $539.000 a $415.000, lo que equivale a una rebaja cercana al 25%.
La medida fue visada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y, según la multisindical, contó con el respaldo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y de parlamentarios de la derecha.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la CUT calificó la decisión como “un golpe directo a la dignidad humana”, advirtiendo que profundiza la precarización laboral de un grupo que ya enfrenta condiciones económicas adversas.
“Esto no es más que un favor concedido a los grandes empresarios a costa del esfuerzo de nuestros mayores”, sostuvo la organización sindical, cuestionando además que el reajuste general del salario mínimo sea insuficiente para cubrir el costo real de la vida.
Desde la CUT enfatizaron que la rebaja diferenciada para personas mayores resulta especialmente grave, considerando que muchos adultos mayores continúan trabajando debido a la falta de pensiones dignas. “Son personas que ya enfrentan condiciones laborales precarias y que ahora ven mermados aún más sus ingresos”, señalaron.
El vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, David Acuña, afirmó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo “nuevamente le da la espalda a los trabajadores”.
“El reajuste propuesto es insuficiente y no responde a las necesidades reales de miles de familias chilenas. Pero lo más preocupante es la indicación que rebaja el salario a las personas mayores de 65 años”, sostuvo.
Acuña agregó que el aumento del costo de la vida y de los combustibles ha generado una crisis que afecta directamente a las y los trabajadores. “Hoy, ser una persona mayor parece transformarse en un castigo. El gobierno no está ayudando a las familias chilenas y, por el contrario, agrava la situación de quienes más apoyo necesitan”, concluyó.
La CUT advirtió que continuará denunciando esta medida y evaluando acciones para revertir lo que consideran un retroceso en derechos laborales y sociales.
