Ketty Castro Cáceres fue condenada a cinco años de presidio efectivo por obtener prestaciones de manera fraudulenta y a otros 61 días por el uso malicioso de un instrumento público falso. El cuerpo momificado de su madre fue encontrado en 2021 al interior de una vivienda del sector Aguas Negras.
Una condena efectiva de cinco años y 61 días de cárcel deberá cumplir Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, acusada de mantener oculto el cuerpo de su madre en una vivienda de Curicó y utilizar documentación falsificada para continuar cobrando la pensión de montepío que la fallecida recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena.
Según los antecedentes acreditados por la Fiscalía, la mujer sostuvo durante cuatro años un mecanismo fraudulento que le permitió recibir recursos económicos que correspondían a su madre, pese a que esta ya había fallecido.
El fiscal Miguel Gajardo informó que Castro Cáceres fue condenada a cinco años de presidio efectivo por la obtención indebida de prestaciones y a una segunda pena de 61 días por el uso malicioso de un instrumento público falso.
El hallazgo que inició la investigación
El caso quedó al descubierto en julio de 2021, cuando fue encontrado el cuerpo momificado de la madre de la condenada al interior de una vivienda ubicada en el sector Aguas Negras de Curicó.
El hallazgo dio origen a una investigación encabezada por la Fiscalía y desarrollada junto a la Policía de Investigaciones. Las primeras diligencias buscaron establecer la identidad de la fallecida, las causas de su muerte y las razones por las cuales permanecía insepulta dentro del inmueble.
Junto al cuerpo fueron encontrados formularios relacionados con Capredena y elementos utilizados para registrar huellas digitales. Estos antecedentes permitieron orientar la investigación hacia el pago de la pensión que recibía la mujer.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, la pensionada había otorgado anteriormente mandatos a su hija para cobrar sus prestaciones. Sin embargo, los peritajes determinaron que documentos posteriores a su fallecimiento contenían firmas, huellas, timbres y autorizaciones falsificadas.
Habría fallecido en 2011
Las diligencias desarrolladas por especialistas del Servicio Médico Legal, incluyendo análisis antropológicos y pruebas científicas, permitieron acreditar la identidad de la víctima y establecer que su muerte probablemente ocurrió durante 2011.
La investigación también determinó que la mujer padecía un cáncer de alta complejidad y que no existían registros recientes de controles médicos. Durante años, su hija habría señalado que permanecía en un hogar ubicado en Santiago.
La verdad comenzó a conocerse cuando uno de los hijos de la acusada insistió en saber dónde se encontraba su abuela. Finalmente, Castro Cáceres reconoció que la mujer estaba fallecida dentro de la vivienda de Aguas Negras.
“A la fecha de fallecimiento, obviamente ella no pudo seguir otorgando estos mandatos”, explicó el fiscal Miguel Gajardo, quien agregó que las pruebas periciales permitieron demostrar durante el juicio que los documentos utilizados para continuar recibiendo los pagos habían sido falsificados.
Si bien el tribunal excluyó algunos periodos debido a la prescripción derivada del tiempo transcurrido, condenó a la acusada por los hechos que aún podían ser perseguidos penalmente.
Debido a la extensión de las penas impuestas, el tribunal no concedió beneficios ni sanciones sustitutivas. La mujer deberá cumplir ambas condenas de manera efectiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca.
Este caso, además de la gravedad que representa mantener oculto durante años el cuerpo de una persona, deja al descubierto un prolongado fraude contra el sistema previsional. La investigación permitió reconstruir hechos ocurridos durante más de una década y establecer responsabilidades penales mediante evidencia documental, científica y pericial.
Fuente: Fiscalía Regional del Maule.
