Dos nuevos formalizados quedaron en prisión preventiva este miércoles en San Javier. Hoy se entregó Octavio Fuentes Valdés, vinculado a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colbún, en el marco de la Operación Castillo de Naipes.
Una palabra cotidiana habría servido para encubrir pagos ilegales. Según los antecedentes expuestos por el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, en la investigación denominada Operación Castillo de Naipes, pedir “un asado” equivalía a solicitar un millón de pesos. La expresión era utilizada como clave para referirse a presuntas coimas provenientes de una empresa constructora.
El antecedente se conoció en el contexto de la audiencia realizada este miércoles 7 de octubre ante el Juzgado de Garantía de San Javier, donde fueron formalizados Valeria Arancibia, directora de Obras de la Municipalidad de Longaví, y Rodrigo Ibacache, arquitecto y exfuncionario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Ambos se presentaron voluntariamente ante el tribunal y quedaron en prisión preventiva.
De acuerdo con lo señalado por el persecutor, la funcionaria de Longaví habría recibido más de $13 millones, mediante pagos directos y depósitos canalizados a través de su madre. En ese contexto, Fiscalía identificó el uso de la palabra “asado” para solicitar dinero.
Respecto de Ibacache, el Ministerio Público sostuvo que habría recibido más de $24 millones, tanto directamente como mediante transferencias trianguladas a través de una amiga. La tesis de Fiscalía apunta a que ambos habrían aprovechado las atribuciones de sus cargos para favorecer a la constructora a cambio de pagos.
Las defensas cuestionaron los delitos atribuidos y la necesidad de decretar prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal dispuso la medida cautelar para ambos, quienes se sumaron a las diez personas formalizadas el lunes 5 de octubre que ya permanecían privadas de libertad. La investigación mantiene un plazo de cuatro meses.
La causa agregó un nuevo antecedente este jueves 8 de octubre, con la entrega voluntaria de Octavio Fuentes Valdés, quien ejerció funciones como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colbún. Según información entregada a LinaresEnLínea, se presentó en el cuartel de la PDI de San Javier, convirtiéndose en el decimotercer imputado de esta etapa de la investigación. Fiscalía anunció que solicitaría prisión preventiva; al cierre de esta nota, los antecedentes consultados no permitían confirmar la resolución sobre esa solicitud.
El caso investiga una presunta trama de facturas por trabajos inexistentes, documentos falsificados y cobros mediante factoring. Las pesquisas involucran a funcionarios municipales, del Gobierno Regional del Maule y particulares. El perjuicio investigado se aproxima a $3.000 millones, mientras que los pagos por sobornos y delitos relacionados alcanzarían al menos $316 millones, según informó el fiscal regional Rodrigo Peña.
