El requerimiento fue presentado por el exconcejal Marco Ávila Vásquez y recibido por Contraloría el 7 de octubre de 2026. La solicitud busca determinar si la acusación penal contra el alcalde de Linares puede afectar el ejercicio de su cargo. El comprobante acredita solo la recepción del escrito, no una decisión del organismo.
Contraloría recibió la solicitud
La presentación pide revisar la situación del alcalde Mario Meza Vásquez, en el marco de la causa RIT 4349-2021, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Linares y vinculada al denominado Caso Cloro.
El escrito solicita establecer si la acusación configura una eventual incapacidad temporal para ejercer la alcaldía y, de corresponder, aplicar las medidas de reemplazo o subrogación.
Según el comprobante, Contraloría recibió la solicitud el 7 de octubre de 2026, a las 11:50 horas, bajo el folio 401634/2026.
Qué solicita el requerimiento
El exconcejal Marco Ávila pide que se revisen los delitos atribuidos al alcalde y las penas requeridas por la Fiscalía. También solicita verificar si corresponde consultar al Servicio Electoral sobre el estado de su derecho a sufragio.
La presentación se fundamenta en el artículo 16 N.º 2 de la Constitución y en el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, normas relacionadas con la suspensión del derecho a sufragio y la eventual incapacidad temporal de alcaldes y concejales.
El escrito también cita el dictamen D13/2026, referido al alcalde de Collipulli, en el que Contraloría señaló que debe revisar los antecedentes específicos de cada acusación antes de resolver.
La recepción no implica una suspensión
La presentación menciona que la audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 3 de noviembre de 2026 y que la Fiscalía habría solicitado penas aflictivas.
Sin embargo, los antecedentes disponibles no contienen una resolución de Contraloría que declare la incapacidad temporal de Mario Meza ni una certificación del Servel sobre la suspensión de su derecho a sufragio.
La procedencia de las medidas solicitadas deberá ser determinada por las instituciones competentes.
