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“Un vertedero con nombre de relleno sanitario”: vecinos piden paralizar San Roque por riesgo para el agua del Maule

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Cinco habitantes de San Clemente recurrieron a la Corte de Apelaciones de Talca para solicitar la suspensión de las operaciones y del envío de residuos desde cinco comunas, entre ellas Colbún y Yerbas Buenas. Cuestionan las condiciones del recinto y exigen antecedentes técnicos sobre la protección de las aguas.

La operación del Relleno Sanitario San Roque vuelve a ser cuestionada ante la justicia. Cinco vecinos de San Clemente presentaron un recurso de protección contra la empresa operadora, Sociedad Arquitectura y Paisajismo Río Maule Ltda., y la Municipalidad de San Clemente, denunciando riesgos para la salud y el medioambiente.

La acción, identificada con el Rol 1492-2026, busca paralizar el funcionamiento del recinto mientras no se acredite el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas. También solicita que San Clemente, Pencahue, San Rafael, Colbún y Yerbas Buenas suspendan el envío de basura hasta que se cumplan esas exigencias.

“No pedimos un cierre eterno, pedimos que se cumpla la ley antes de seguir recibiendo residuos”, explicó el abogado patrocinante, Salvador Concha Aguilera.

Según los antecedentes entregados por los recurrentes, la Corte admitió la acción a tramitación y solicitó informes a la Dirección de Obras Hidráulicas, Sernageomin, la Seremi de Salud del Maule y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La empresa y el municipio ya presentaron sus respuestas, solicitando el rechazo del recurso.

Los cuestionamientos al recinto

La expresión “un vertedero con nombre de relleno sanitario” resume el cuestionamiento de los recurrentes: sostienen que la transformación del antiguo vertedero no habría asegurado las condiciones necesarias para proteger el entorno.

Concha señala cuatro aspectos centrales: la cercanía con un camino público, el emplazamiento respecto del río Maule y sus crecidas, la permeabilidad del suelo y la disponibilidad de monitoreos de aguas superficiales y subterráneas.

Estas observaciones forman parte de los argumentos de la acción judicial y deberán contrastarse con los antecedentes técnicos de los organismos competentes.

El abogado sostiene que el recurso apunta a la operación actual del recinto y al riesgo que, a juicio de los vecinos, representa la recepción continua de residuos. Por ello, plantea que la discusión no se limita a los permisos ambientales otorgados en 2012 y 2014.

Antecedentes de sanciones ambientales

El historial del recinto incluye un procedimiento de la SMA iniciado con 12 cargos, que derivó en 2021 en sanciones por 11 infracciones, con una multa de 817,4 unidades tributarias anuales. En octubre de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación de la empresa y ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria.

En cumplimiento de ese fallo, la SMA emitió la Resolución Exenta N.º 1344, del 7 de julio de 2025. El documento mantuvo, entre otras, las sanciones asociadas a la falta de implementación del sistema de captación y tratamiento de lixiviados y a la falta de remisión de monitoreos de aguas subterráneas y superficiales. Estos antecedentes corresponden al procedimiento sancionatorio y deben distinguirse de la evaluación de las condiciones actuales del recinto.

La respuesta de la empresa y el municipio

De acuerdo con la información proporcionada para esta nota, la empresa sostiene que cuenta con permisos y que la situación actual del recinto es distinta de aquella que originó las sanciones.

La Municipalidad de San Clemente, por su parte, señala que no es propietaria ni operadora del relleno, que contrató a una empresa autorizada y que no ha recibido denuncias desde julio de 2025.

Frente a esas respuestas, Concha plantea que los permisos deben acompañarse de evidencia sobre el cumplimiento efectivo de las exigencias sanitarias. También sostiene que el municipio debe velar por las condiciones en que se disponen los residuos que entrega a terceros.

Más de 20 años de reclamos vecinales

Jaime López Aravena, soldador, dirigente social y uno de los cinco recurrentes, afirma que la preocupación de la comunidad se arrastra por más de dos décadas.

“El agua. De ahí sale el agua para beber y para regar, y vivimos de la agricultura”, expresó al explicar la principal inquietud de los vecinos. A ello agrega los olores, la presencia de insectos y el temor ante eventuales crecidas del río.

Junto a López participan en el recurso Rubén Alberto Ceballos Muñoz, Norma Fernanda Ceballos Tobar, Paulina Elizabeth Riquelme Riquelme y Ammy Catalina Betsabé Núñez Riquelme.

La denuncia plantea un riesgo ambiental; los antecedentes aportados para esta nota no permiten afirmar que exista contaminación comprobada del agua. El propio abogado distingue ambos puntos y señala que los informes técnicos solicitados buscan esclarecer las condiciones de funcionamiento y protección del entorno.

Según el estado de la causa informado por los recurrentes, quedan pendientes las respuestas de los organismos oficiados y la resolución de la Corte. La admisión a trámite permite examinar la acción, pero no equivale a una orden de paralización ni a un pronunciamiento favorable sobre el fondo.

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