Un reportaje de Reportea expuso las trabas que enfrentó la investigación por el siniestro de diciembre de 2019. La Fiscalía pidió información sobre dos funcionarios policiales, pero los antecedentes quedaron bajo reserva. En marzo de 2023, comunicó su decisión de no perseverar por falta de pruebas suficientes para acusar.
Nuevos antecedentes sobre el incendio que afectó a la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS), el 27 de diciembre de 2019, fueron publicados por Reportea. La investigación periodística describe diligencias relacionadas con dos funcionarios de Inteligencia de Carabineros y restricciones que impidieron al fiscal del caso acceder a información policial.
Según el reportaje, Jorge Barraza, entonces director nacional de seguridad de la universidad, identificó en las cámaras a David Gaete y Óscar Cifuentes. Barraza señaló que el hombre que reconoció como Gaete ingresó a una sala y salió poco antes de que comenzara a emanar humo desde ese lugar.
En mayo de 2021, el fiscal José Morales solicitó antecedentes sobre las funciones que ambos policías cumplían el día del incendio. Sin embargo, la entrega de información quedó sujeta al secreto que protege los registros de inteligencia.
El oficio del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fechado el 29 de noviembre de 2021, indicó que los antecedentes serían proporcionados al fiscal nacional mediante una comunicación reservada, manteniendo el secreto sobre su contenido.
Al día siguiente, Jorge Abbott informó a la Fiscalía Regional Centro Norte que esa reserva impedía remitir los antecedentes. También comunicó la negativa a levantar el secreto y señaló que correspondía evaluar las facultades legales disponibles para insistir en su entrega. Según Reportea, no se recurrió a la Corte de Santiago.
La causa terminó sin una acusación. En el documento que comunica la decisión de no perseverar, adoptada el 29 de marzo de 2023, Morales informó que la investigación no había reunido antecedentes suficientes para sustentarla.
Consultado por Reportea, el fiscal sostuvo que no tuvo antecedentes para atribuir el inicio del fuego a un funcionario público. Explicó que las diligencias buscaban determinar si los policías tenían información sobre el encapuchado que aparecía iniciando el incendio. Los antecedentes publicados no permiten establecer responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
