El organismo solicitó prohibir actos y contratos sobre 33 bienes para resguardar una eventual indemnización de $198 millones. El alcalde sigue incluido en la acusación y la demanda civil. El tribunal exigió acreditar el dominio de los bienes antes de resolver la petición.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Juzgado de Garantía de Linares medidas cautelares sobre bienes de 13 de los 15 acusados del denominado Caso Cloro. La petición busca asegurar el eventual pago de una indemnización de $198.330.227, pero no contempla bienes del alcalde Mario Meza Vásquez.
La solicitud forma parte del escrito presentado por el abogado procurador fiscal de Talca, José Isidoro Villalobos García-Huidobro, que contiene una acusación particular y una demanda civil solidaria por presuntas irregularidades en compras municipales realizadas durante la pandemia.
En concreto, el CDE pidió decretar la prohibición de celebrar actos y contratos sobre 33 bienes, entre inmuebles, vehículos y derechos sobre una propiedad. Según argumenta el organismo, su eventual transferencia podría dificultar el cobro de una indemnización si se obtiene una sentencia favorable.
Mario Meza permanece acusado y demandado
Aunque el alcalde no figura entre las personas cuyos bienes se pretende cautelar en esta presentación, debido a ausencia de bienes a su nombre, sí está incluido tanto en la acusación particular como en la demanda civil solidaria. Por lo tanto, esta solicitud no significa que haya quedado fuera de las acciones judiciales del CDE.
El escrito no entrega una explicación específica sobre por qué no se solicitan estas medidas respecto de bienes de Meza. Tampoco incluye bienes del acusado Pedro Romero Orellana, por lo que la petición comprende a 13 personas y no a la totalidad de los acusados.
Entre quienes sí aparecen en la solicitud figuran John Sancho Bichet, Francisco Parra Flores, Juan Carlos Soto Novoa, Antonio Díaz López, Eva Palma Leal, Mirtha Núñez González, Jorge Suazo Sagal y Karen Avendaño Vásquez, además de otros acusados vinculados a los proveedores investigados.
Tribunal pidió antecedentes antes de resolver
En una resolución del 19 de octubre de 2026, la jueza Claudia Cristina Olea Tapia tuvo por interpuesta la demanda civil solidaria contra los 15 acusados. Sin embargo, respecto de las medidas patrimoniales, ordenó al CDE acreditar el dominio de los bienes muebles e inmuebles dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.
Esto significa que esa resolución no decretó las prohibiciones solicitadas: dejó pendiente su decisión hasta que se cumpla la exigencia documental.
La causa aborda presuntos sobreprecios e irregularidades en adquisiciones de cloro, alimentos, test de detección de COVID-19 y mascarillas. El perjuicio de $198.330.227 corresponde al monto sostenido por el CDE en su presentación y deberá ser discutido judicialmente.
La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 3 de noviembre de 2026, a las 09:00 horas.
Desde el seguimiento periodístico de LinaresEnLínea, queda una pregunta de interés público: qué antecedentes explican que el organismo demande solidariamente al alcalde, pero no incluya bienes suyos en esta solicitud de resguardo patrimonial. Los documentos revisados no responden esa interrogante ni permiten atribuir un trato de favor. Precisar ese fundamento resulta relevante para conocer el alcance de las acciones destinadas a recuperar los recursos públicos presuntamente perjudicados.
Todos los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
