En Rompiendo la Inercia, el abogado y académico de la Universidad de Chile analizó las rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia. Sostuvo que el debate no se limita a la interpretación de la ley: también incluye la información que Fernando Rabat entregó al Congreso.
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene un capítulo al que, según Eric Palma, habrá que prestar especial atención: el que cuestiona la información entregada por la autoridad durante la fiscalización parlamentaria.
Entrevistado por Manuel Alarcón y Salvador Concha en Rompiendo la Inercia, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sostuvo que la defensa del ministro deberá explicar por qué presentó las rebajas de condena como una consecuencia obligada de la ley, mientras han surgido antecedentes de solicitudes que el propio ministerio rechazó. Para Palma, esa diferencia abre una discusión sobre el deber de probidad y la obligación de informar con precisión al Congreso.
La acusación ingresada por diputados de oposición consta de tres capítulos. El primero se refiere a rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; el segundo, a condenados por crímenes de lesa humanidad; y el tercero acusa a Rabat de haber entregado información inexacta u omitido antecedentes relevantes ante el Congreso y la opinión pública. Son imputaciones que deben ser examinadas durante la tramitación; aún no constituyen una conclusión sobre la responsabilidad del ministro.
La interpretación de la ley, en disputa
Durante la conversación, Palma cuestionó que la explicación del caso se reduzca a afirmar que el ministro «aplicó la ley». A su juicio, al resolver solicitudes relacionadas con delitos sexuales contra menores también debía considerarse la normativa de protección de niños, niñas y adolescentes, incluido el principio de su interés superior.
El Ministerio de Justicia ha planteado otra lectura. Según explicó públicamente, existe una dificultad legal para aplicar las restricciones incorporadas en 2022 a personas condenadas con anterioridad. Por ello anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y medidas legislativas para abordar el problema. La Ley 21.421 modificó la Ley 19.856 para excluir del beneficio de reducción de condena determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad; el alcance de esa exclusión respecto de condenas anteriores forma parte de la controversia.
Palma afirmó que los antecedentes conocidos sobre solicitudes rechazadas hacen necesario revisar caso a caso las razones de las decisiones del ministerio. También destacó que la acusación cuestiona si Rabat informó suficientemente de esos antecedentes cuando explicó su actuación ante los parlamentarios. La comisión de la Cámara encargada de examinar el libelo acordó solicitar los decretos de rebaja de condena firmados por el ministro.
El costo político para el Gobierno
El académico abordó además la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en el cargo pese a haber asumido públicamente la responsabilidad política por lo ocurrido. Palma consideró que esa señal profundiza el costo para el Ejecutivo, cuyo discurso de campaña dio un lugar central a la seguridad y a la protección de las víctimas.
La acusación deberá seguir su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Rabat tendrá la oportunidad de responder a los cargos ante la comisión, que posteriormente emitirá una recomendación para la Sala. El resultado dependerá tanto del examen de los antecedentes como de la votación parlamentaria.


