El nuevo plazo para ejercer este derecho entra en vigencia este jueves 24 de marzo. Los consumidores que compren desde esta fecha, podrán exigir durante los seis primeros meses desde la recepción del producto; el cambio, la reparación o la devolución del dinero si un producto comprado nuevo, sale defectuoso.
Durante el año pasado el SERNAC recibió más de 37 mil reclamos por problemas para ejercer este derecho y este año ya suman más de 11 mil casos.
El SERNAC estará monitoreando el cumplimiento de este nuevo derecho, y en caso de detectar infracciones, tomará las acciones que correspondan.
Este 24 de marzo entró en vigencia la reforma a la Ley del Consumidor que amplía el plazo de garantía legal de los productos, pasando de tres, a seis meses en que las personas podrán exigir el cambio del producto que salió defectuoso, la devolución del dinero pagado o la reparación.
Esta reforma se enmarca en las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.398, y que reforzó la Ley del Consumidor (Ley N° 19.496), estableciendo una serie de modificaciones en beneficio de los consumidores en distintos ámbitos.
En el caso de la garantía legal, la nueva normativa establece una ampliación del plazo para ejercer el derecho, de tres a seis meses, lo que implica que las personas que compren un producto a partir de hoy, podrán exigir a las empresas: el cambio, la reparación o devolución de lo pagado cuando un producto sale malo o no sirve para los fines que fue adquirido. Ese plazo se cuenta desde la recepción del producto. Ello, sin perjuicio de la indemnización que pudiera solicitar un consumidor por los daños ocasionados.
Algunos productos como los electrodomésticos, pueden requerir de una revisión por parte del servicio técnico para verificar el origen de la falla, pero cumplido ese trámite, los consumidores tienen derecho al cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, a su elección. Es importante señalar que mientras el proveedor realiza esta revisión el plazo para ejercer el derecho de retracto se encuentra suspendido.
Además, la nueva ley establece que las empresas no podrán ofrecer a los consumidores la contratación de servicios, productos o pólizas cuya cobertura corresponda a las obligaciones propias de la garantía legal o afecte su plazo y opciones.
