La Secretaria de Estado, entregó detalles sobre el “Plan Buen Vivir”, que incluye medidas de seguridad, la creación de nuevas instancias de participación e inyección de recursos para CONADI.
La ministra del Interior, Izkia Siches, fue la encargada de dar a conocer una serie de medidas para hacer frente al alza de hechos de violencia en la Macrozona Sur, incluyendo, la declaración de Estado de Emergencia “acotado” en La Araucanía y en la provincias de Arauco y Biobío, lo que permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas en el sector.
Además, la Secretaria de Estado anunció el plan de seguridad denominado «Buen Vivir», el que incluye materias como la creación de nuevas instancias de participación y la inyección de recursos para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
“La inseguridad en las rutas y los bloqueos de carretera por parte de grupos de interés ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía y el abastecimiento de la zona sur. Por lo anterior, el Estado destina a sus efectivos policiales al cuidado de las carreteras, dejando de usar esos efectivos en el cuidado de las personas y sus comunidades. El gobierno ha decidido hacer uso de todas las herramientas que posee el Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Así, el gobierno decreta un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, acotado a las carreteras y restringiendo en la menor medida posible los Derechos Fundamentales de las personas”, señala el documento oficial emanado desde el Gobierno.
En esta misma línea, se anunciaron otras medidas para la zona, las que incluyen un nuevo mecanismo para restitución de tierras, “una demanda muy sentida, que es la restitución de tierras. Se ha duplicado la destinación de recursos fiscales a CONADI para este fin, pasando de $17 mil millones a $35 mil millones”.
Además de ello, se contempla la creación de Parlamentos territoriales, “que buscan reconocer a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder tanto a la demanda territorial como asuntos relacionados con vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros”, señala el comunicado.
En el ámbito de la Seguridad, en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros el Ministerio Público se ha comprometido a designar un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en las regiones de Biobío y Araucanía.
Adicionalmente y de manera interministerial, “se está impulsando más de 200 mil millones de pesos para inversión pública destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades y ayudar a la reactivación económica en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. En particular, esta suma cubre iniciativas de obras públicas, agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros”, agrega el texto oficial.
