En septiembre de 2024, el municipio de Linares, bajo la dirección del alcalde Mario Meza, solicitó el apoyo del Ministerio Público para esclarecer ciertas facturas con orden de pago. Se indicó que, a través de correos electrónicos institucionales dirigidos a los diferentes departamentos, incluyendo el DAEM Linares, DECOSAL Linares y la Dirección de Administración y Finanzas de esta Ilustre Municipalidad, no se ha podido identificar el origen de las facturas mencionadas, ni tampoco los servicios u obras que supuestamente se han prestado. Además, se destacó que, tras la emisión de dichas facturas, no se presentó ninguna objeción dentro del plazo de ocho días, lo que conllevó a su aceptación irrevocable.
Un duro revés judicial continúa impactando los recursos económicos del municipio de Linares. A través de un oficio dirigido al Ministerio Público en defensa de los juicios que condenan a la municipalidad a pagar más de 1.100 millones de pesos, correspondientes a 12 juicios civiles de cobro ejecutivo, se pone de manifiesto la negligencia administrativa al interior del municipio de Linares, ya que ninguna de las unidades municipales objetó las facturas dentro del plazo legal establecido.
En un correo electrónico fechado el 16 de agosto de 2024, el Asesor Jurídico, don Gonzalo Rebolledo González, destacó que las diversas unidades de finanzas, tanto del municipio como de los departamentos de educación y salud, no han respondido a los requerimientos de información sobre el estado de algunas facturas cuyo cobro ha sido iniciado judicialmente. Ante la falta de respuesta, propuso iniciar un procedimiento disciplinario y, de ser necesario, presentar las denuncias pertinentes.
Asimismo, el Administrador Municipal, don Fabián Poblete Luengo, en un correo del mismo día, sugirió iniciar un sumario administrativo y, si corresponde, realizar las denuncias necesarias. Sin embargo, a más de siete meses de esta propuesta, no se han obtenido resultados ni identificados responsables.
Desde una perspectiva judicial, el abogado linarense Salvador Concha, al revisar los documentos que mantienen al municipio obligado a pagar esta elevada suma, afirmó que, “el hecho de que ningún servicio o compra de productos facturados haya sido solicitado por la municipalidad indica un grave desorden administrativo y contable. Esta situación ha limitado la capacidad del departamento jurídico para responder adecuadamente en los procesos judiciales civiles, dejándolos sin opciones en el contexto de este cobro”.
El oficio enviado por el municipio al Ministerio Público sugiere que, debido al desorden administrativo y la falta de claridad sobre la validez de las facturas, la única alternativa es que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación para determinar si las facturas que se ordena pagar son auténticas o si han sido emitidas de forma ilegal.
En relación con esta grave falta administrativa, Salvador Concha afirmó que, “la solicitud del municipio al Ministerio Público debe ser analizada en profundidad, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también en términos de la responsabilidad política que recae sobre el alcalde como máxima autoridad administrativa del municipio”. Concha subrayó que, “no es apropiado que una entidad pública solicite ayuda a otra entidad pública para resolver problemas derivados de su propia ineficiencia. La responsabilidad del alcalde es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el patrimonio de la municipalidad, el cual se ve severamente afectado en este caso”.
Respecto a la responsabilidad del alcalde por esta grave falta administrativa, Concha indicó que podría configurarse como, “un notable abandono de deberes, lo cual corresponde a los concejales abordar ante el tribunal electoral”, donde actualmente se mantiene vigente un proceso iniciado por los concejales del período anterior (Concha, Castro, Alarcón, Rojas y Ávila).
