El municipio deberá pagar $42,7 millones por servicios impagos, monto que con intereses, reajustes y costas judiciales supera los $72 millones. Los trabajos fueron realizados entre 2018 y 2020. El alcalde Mario Meza ofreció abonar $10 millones, propuesta que fue rechazada, estableciéndose que la deuda debe ser cancelada íntegramente.
La Municipalidad de Linares enfrenta un nuevo revés financiero luego de un fallo del Juzgado de Letras que acreditó “falta de servicio” por el no pago oportuno de trabajos efectivamente realizados y debidamente facturados.
La demanda fue presentada por la empresa Gráfica Linares, del empresario José Zúñiga, por servicios prestados entre los años 2018 y 2020, cuyo monto original ascendía a $42.709.898. Al no concretarse el pago, la deuda se incrementó considerablemente por concepto de intereses, reajustes y costas procesales.
Durante el proceso judicial, el alcalde Mario Meza ofreció abonar $10 millones a la deuda. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la parte querellante, indicándose que la obligación debe ser cancelada en su totalidad, conforme a lo resuelto por el tribunal.
En octubre de 2025, el Juzgado de Letras ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo por un total de $72.353.277, habilitando eventuales embargos en caso de que el municipio no cumpla con el pago.
Presión sobre las arcas municipales
La resolución confirma un escenario financiero particularmente complejo para la Municipalidad de Linares.
Especialistas en gestión pública advierten que este tipo de fallos puede comprometer partidas destinadas a programas sociales, mejoramiento urbano y otras áreas prioritarias.
Un patrón que se repite
La seguidilla de demandas por servicios impagos ha generado preocupación en el Concejo Municipal y entre organizaciones civiles. Los procesos judiciales -varios de ellos todavía en curso- evidencian un patrón de incumplimientos que, según críticos de la actual administración, refleja debilidades en los sistemas de contratación, control interno y priorización presupuestaria.
Los fallos reforzaron las interrogantes respecto del manejo financiero municipal y de la acumulación de obligaciones que finalmente deben ser cubiertas con recursos públicos.
