Detenciones inéditas, investigaciones por corrupción y medidas cautelares contra figuras del poder judicial, político y municipal profundizan la crisis de confianza institucional. Desde la Corte Suprema hasta los municipios, la justicia enfrenta su mayor prueba de credibilidad en décadas.
Chile atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia judicial reciente. En los últimos años, una serie de giros en causas de alto impacto ha instalado un debate profundo sobre el alcance de la corrupción y su penetración en instituciones clave del Estado.
El Poder Judicial, el mundo político, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales aparecen hoy bajo un escrutinio constante. La percepción ciudadana de impunidad crece, mientras las condenas ejemplificadoras aún no llegan, aunque varias investigaciones avanzan con riesgos reales de cárcel, destitución e inhabilitación.
El “Caso Bielorrusia” irrumpe en la agenda nacional
En estos días, el denominado Caso Muñeca Bielorrusa concentra la atención mediática. La detención de Ángela Vivanco Martínez, exministra de la Corte Suprema, quien fue arrestada en su domicilio de Las Condes la noche del 25 de enero de 2026 y la aplicación de una medida de reclusión “en tránsito” -mientras se desarrolla la formalización- reflejan la complejidad procesal de una causa que podría redefinir estándares en materia de corrupción judicial.
Vivanco enfrenta cargos por cohecho y lavado de activos, vinculados a presuntas irregularidades en fallos que habrían favorecido al consorcio bielorruso Belaz-Movitec en litigios contra Codelco. Se trata de un hecho sin precedentes recientes.
Caso Hermosilla: el poder bajo escucha
El abogado Luis Hermosilla, figura de alto perfil en los círculos políticos y empresariales, continúa siendo investigado en el marco del denominado Caso Audios.
La Fiscalía Metropolitana Oriente lo indaga por presuntos delitos de soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, tras la difusión de grabaciones y chats que revelaron gestiones indebidas en el sistema judicial y administrativo.
Entre los antecedentes, se incluyen coordinaciones para nombramientos en el Poder Judicial y pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Hasta enero de 2026, Hermosilla permanece bajo arresto domiciliario total, a la espera de definiciones clave en una investigación que sigue abierta.
El foco regional: alcaldes investigados en el Maule
La crisis de confianza también se extiende al nivel municipal. En la Región del Maule, la Fiscalía y la Contraloría han impulsado múltiples investigaciones contra alcaldes y exalcaldes por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
Las causas apuntan a delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, cohecho y falsificación de instrumento público, asociados a contrataciones sin licitación, asesorías inexistentes y uso político o personal de fondos municipales.
Algunas investigaciones siguen desformalizadas; otras ya cuentan con medidas cautelares vigentes.
Entre los casos más relevantes destacan:
Jorge Silva Sepúlveda, alcalde de San Javier, suspendido por notable abandono de deberes, con riesgo de remoción e inhabilitación por cinco años.
Mario Meza, alcalde de Linares, imputado por fraude reiterado al fisco, con firma semanal y arraigo nacional. Asi mismo, tiene un requerimiento que se enmarca en una causa seguida ante el TER del Maule, iniciada por concejales que solicitaron la cesación del alcalde por notable abandono de deberes y eventuales infracciones a la probidad administrativa.
Patricio Rivera, alcalde de Vichuquén, investigado por uso indebido de un vehículo fiscal, en un sumario aún en curso.
Martín Arriagada, exalcalde de Sagrada Familia, condenado por fraude al fisco, con pena de presidio e inhabilitación temporal.
Pedro Pablo Muñoz, alcalde de Colbún, tras varias horas retenido, quedó en libertad tras pagar una fianza de $114 millones, una acusación millonaria que, según el tribunal, permitió su liberación dentro del procedimiento legal vigente.
Un punto de quiebre institucional
La acumulación de causas, muchas aún en desarrollo, ha instalado una sensación de quiebre en la confianza pública. Aunque el sistema judicial avanza con cautela, la ciudadanía observa con atención si estas investigaciones derivarán en sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Chile enfrenta así una prueba decisiva; demostrar que la ley se aplica sin distinción de cargos, apellidos ni poder. El desenlace de estas causas podría marcar un antes y un después en la historia institucional del país.
