El abogado Rodrigo Medina alertó sobre posibles prácticas discrecionales con la entrada en vigencia de la Ley N°21.802 de Seguridad Municipal.
Un nuevo debate en materia de seguridad pública se abrió tras la implementación de la Ley N°21.802 de Seguridad Municipal, normativa que amplía el rol de los municipios e incorpora a inspectores municipales en labores preventivas.
El abogado penalista y académico Rodrigo Medina advirtió que este cambio podría generar confusión en la aplicación de los controles de identidad.
“Vamos a tener no una, no dos, sino tres modalidades de control de identidad”, señaló, en referencia a los controles preventivos, investigativos y aquellos que eventualmente podrían realizar funcionarios municipales.
Zona gris en la aplicación
La normativa establece que los municipios cumplen una función “coadyuvante” en seguridad, permitiendo patrullajes, apoyo en flagrancia y vigilancia del espacio público.
Sin embargo, Medina advirtió sobre límites poco claros en su ejecución. “Los controles de identidad son de muy dificultosa interpretación, porque no siempre se sabe qué norma se está aplicando”, explicó.
El experto subrayó que la diferencia es clave; mientras el control investigativo requiere indicios de delito, el preventivo no exige ese estándar.
“Es lo más cercano a una detención por sospecha”, afirmó, insistiendo en la necesidad de que los ciudadanos sepan bajo qué marco legal están siendo fiscalizados.
Luces y sombras de la normativa
Pese a sus reparos, el jurista valoró que la ley reconozca el rol preventivo de los municipios en seguridad.
La legislación contempla además la entrega de equipamiento a inspectores, como chalecos, cascos, bastones, esposas y dispositivos de seguridad, excluyendo expresamente el uso de armas de fuego.
Asimismo, considera financiamiento desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para apoyar a comunas con menos recursos. “El fortalecimiento municipal puede ser positivo si se implementa con claridad y capacitación”, concluyó Medina.
La discusión queda abierta en un escenario donde seguridad y garantías individuales vuelven a tensionarse en el debate público.
