El organismo fiscalizador estableció que las autoridades comunales no pueden presentar proyectos financiados con recursos públicos como logros personales ni vincularlos a promesas de campaña, al considerar que ello vulnera el principio de probidad administrativa.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que fija nuevos límites al uso de las redes sociales por parte de los alcaldes, prohibiéndoles utilizar estas plataformas para presentar obras, proyectos o servicios municipales como si fueran logros personales, especialmente cuando se relacionan con promesas de campaña o proyecciones electorales.
La resolución, contenida en el dictamen OF128769N26, establece que las autoridades comunales deben resguardar el principio de probidad administrativa y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una utilización de recursos públicos con fines de promoción personal.
Según precisó el órgano contralor, las publicaciones realizadas desde cuentas personales o institucionales no pueden asociar la ejecución de iniciativas municipales con la imagen del alcalde de turno, ya que las obras y programas son financiados con recursos del Estado y responden a la función pública, no a méritos individuales.
El pronunciamiento también aclara que, si bien los alcaldes mantienen sus derechos políticos como ciudadanos, no pueden aprovechar la difusión de actividades oficiales, beneficios sociales o proyectos municipales para favorecer una eventual candidatura o reforzar su posicionamiento político.
Con este dictamen, la Contraloría busca reforzar la separación entre la gestión pública y los intereses electorales, recordando que el ejercicio del cargo debe desarrollarse con estricta imparcialidad y en beneficio de toda la comunidad.
La medida sienta un nuevo precedente respecto del uso de redes sociales por parte de las autoridades y marca un criterio que podría tener impacto en la forma en que los municipios comunican sus obras, actividades y programas financiados con recursos públicos.
