El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas que permitían a titulares de proyectos exigir una compensación fiscal cuando su autorización ambiental fuera anulada judicialmente. Los fundamentos completos de la sentencia aún no han sido publicados.
El Tribunal Constitucional (TC) asestó un golpe a uno de los ejes ambientales del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido como la “megarreforma”.
El organismo declaró íntegramente inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la iniciativa, disposiciones que establecían un derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En términos prácticos, el mecanismo no podrá formar parte del texto que sea promulgado en los términos aprobados por el Congreso.
La decisión fue adoptada por el Pleno del TC al acoger parcialmente tres requerimientos presentados por grupos de diputados y senadores contra distintas normas del proyecto, identificado con el Boletín N.º 18.216-05.
Los recursos fueron tramitados bajo los roles 17.828-26, 17.829-26 y 17.832-26, acumulados por el tribunal. El portal oficial del TC registra las causas y sus audiencias públicas.
Riesgo de las inversiones no será traspasado al Fisco
Los artículos eliminados permitían solicitar una compensación económica con cargo al Estado cuando una RCA favorable quedara sin efecto mediante una sentencia judicial firme.
Los parlamentarios requirentes cuestionaron que este diseño trasladara al Fisco parte del riesgo patrimonial de inversiones ejecutadas mientras su autorización ambiental aún podía ser revisada por los tribunales.
También plantearon que el régimen entregaba una garantía especial a determinados inversionistas y podía afectar la independencia judicial, al asociar la anulación de una RCA con una eventual obligación fiscal.
Estas observaciones corresponden a los argumentos de quienes impugnaron la norma. Los fundamentos jurídicos definitivos, las votaciones, disidencias y prevenciones serán conocidos cuando el Tribunal Constitucional publique la sentencia completa.
Otros cambios ambientales
El TC también declaró inconstitucional la frase “que no hayan sido evaluados y”, contenida en una norma que regulaba las reclamaciones de personas que no formularon observaciones durante la participación ciudadana de un proyecto.
La eliminación amplía las posibilidades de reclamar por impactos que pudieron ser considerados de manera deficiente, incompleta o contraria a derecho durante la evaluación ambiental, según la interpretación entregada por los requirentes.
Además, el tribunal objetó disposiciones que excluían del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las denominadas “micro-relocalizaciones” de concesiones de acuicultura.
En este punto, declaró inconstitucional la expresión “micro-relocalización” y eliminó la totalidad del numeral que establecía esa excepción.
Fallo fue parcial
El pronunciamiento no invalidó toda la “megarreforma”.
En materia de invariabilidad tributaria, el TC mantuvo el núcleo del estatuto, pero eliminó algunas disposiciones relacionadas con la extensión de plazos y los denominados proyectos conexos.
En las demás normas impugnadas, los requerimientos fueron rechazados, de acuerdo con el comunicado del veredicto.
La sentencia definitiva permitirá conocer los argumentos constitucionales que sustentaron la eliminación del régimen de indemnización y el alcance preciso que tendrá la resolución sobre el texto final del proyecto.
