La representación de los concejales sostuvo que la causa Rol N.º 50-2026 contiene hechos, periodos y cargos distintos al proceso iniciado en 2023. El escrito solicita que se rechace la excepción presentada por la defensa de Mario Meza, se dicte el auto de prueba y continúe la tramitación del requerimiento.
Un nuevo escrito fue presentado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule en el marco del requerimiento que busca la remoción del alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, por presunto notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa.
El abogado Rodrigo Poblete Reyes, en representación de los requirentes de la causa Rol N.º 50-2026, evacuó el traslado conferido por el tribunal y solicitó rechazar íntegramente la excepción de litispendencia interpuesta por la defensa del jefe comunal.
La presentación sostiene que la solicitud de la defensa tendría un carácter “puramente dilatorio” y pide al TER ordenar la continuación inmediata del proceso, avanzar hacia la etapa probatoria y condenar en costas al requerido.
Defensa busca vincular dos procesos
La defensa de Mario Meza plantea que existiría litispendencia debido a la tramitación de la causa Rol N.º 29-2023, proceso que actualmente se encuentra suspendido por una resolución del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con esa postura, ambos requerimientos tendrían identidad de partes, objeto y fundamentos, especialmente por incluir cuestionamientos relacionados con el pago fuera de plazo de cotizaciones previsionales del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
Los actuales requirentes controvierten esa interpretación y argumentan que no se cumple ninguno de los tres requisitos exigidos para configurar la litispendencia: identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir.
Concejales de periodos diferentes
Uno de los principales argumentos del escrito es que las acciones fueron presentadas por concejales pertenecientes a periodos municipales distintos.
La causa de 2023 fue impulsada por los entonces concejales Myriam Alarcón, Marco Ávila, Carlos Castro y Michael Concha, quienes cesaron en sus cargos en octubre de 2024. El nuevo requerimiento, en cambio, fue presentado por integrantes del actual Concejo Municipal.
La representación de los requirentes afirma que la facultad para solicitar la remoción de un alcalde recae personalmente en los concejales en ejercicio y no en el Concejo Municipal como una entidad abstracta. Por esa razón, sostiene que no existe identidad entre las partes de ambos procesos.
El documento también advierte que acoger la tesis de la defensa podría limitar las facultades fiscalizadoras de los actuales concejales frente a hechos nuevos o conocidos durante el periodo municipal vigente.
Diferencias entre las causas
Según el escrito, el requerimiento Rol N.º 29-2023 se concentró en el incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales del DAEM entre enero de 2020 y mayo de 2021, además de la participación atribuida al alcalde en una paralización de camioneros ocurrida en noviembre de 2022.
La causa Rol N.º 50-2026, en cambio, incorpora cinco cargos sustentados —según los requirentes— en antecedentes posteriores y en auditorías emitidas por la Contraloría Regional del Maule durante los años 2024, 2025 y 2026.
Entre los puntos destacados se encuentran:
- Un nuevo periodo de morosidad previsional, con más de $760 millones señalados por los requirentes únicamente por concepto de multas e intereses.
- La supuesta omisión en las cuentas públicas de 2024 y 2025 de información relacionada con deudas ejecutivas vigentes ante tribunales de justicia.
- Presuntas deficiencias en el control de la ejecución de un contrato con la empresa Enel, que habrían causado un perjuicio al patrimonio municipal.
- La rendición de facturas que el escrito califica como inexistentes ante la Superintendencia de Educación por aproximadamente $100 millones y el vencimiento de cerca de $89 millones en tarjetas de beneficio destinadas a estudiantes.
- Una presunta falta de control jerárquico que habría permitido la aceptación de facturas cuestionadas por más de $1.135 millones.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos formulados por la parte requirente y deberán ser examinadas y resueltas por el Tribunal Electoral Regional durante el proceso.
Solicitan avanzar a la etapa probatoria
La presentación sostiene que la existencia de una causa anterior no puede impedir que los concejales actuales denuncien hechos nuevos, continuados o sobrevinientes.
Asimismo, plantea que aceptar la excepción podría generar una suerte de paralización de las facultades fiscalizadoras mientras se mantenga pendiente el primer juicio de remoción.
Por ello, los requirentes solicitaron al TER del Maule rechazar la excepción de litispendencia, ordenar la continuación de la causa Rol N.º 50-2026 y dictar el correspondiente auto de prueba.
Ahora será el Tribunal Electoral Regional el encargado de resolver si ambos procesos reúnen la identidad jurídica alegada por la defensa o si el nuevo requerimiento debe continuar su tramitación de manera independiente.
